Pagar una pena en casa no es sinónimo de libertad, tampoco de las garantías de ella. La vida del comisario de la extinta Policía Metropolitana Iván Simonovis, encarcelado en su residencia desde hace cuatro años, está en peligro y las autoridades irrespetan su derecho a la atención médica, denunció su esposa y abogada, Bony Pertiñez.
El gobierno vulnera el derecho a la salud y a la vida de Simonovis y de los otros cinco funcionarios de la Metropolitana, condenados por los hechos de abril de 2002, garantía que está escrita en el artículo 43 de la Constitución, la cual dice que toda persona tiene derecho a la vida. Lo mismo indica el tercer apartado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De los ochos imputados en el caso, los comisarios Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas recibieron beneficios. Pertiñez recordó que eso ocurrió debido a la gravedad de las afecciones de salud que presentaba su esposo hace cuatro años, cuando le concedieron una medida humanitaria y fue trasladado a su residencia en Caracas.
Erasmo Bolívar, Héctor Rovain, Arube Pérez, Marco Hurtado, Luis Molina son los otros funcionarios que forman parte de la causa. María Pascastillo, esposa de Hurtado, declaró que todos presentan problemas de salud consecuencia de las condiciones y el tiempo de reclusión.
Explicó que su esposo, de 52 años de edad, perdió la visión y necesita ser evaluado oftalmológicamente y hacerse estudios médicos, pero las autoridades no lo han permitido. Añadió que Rovain padece complicaciones respiratorias, Pérez problemas de oxigenación cerebral y Molina sufre crisis hipertensivas.
“Durante los 9 años que mi esposo estuvo preso lo mantuvieron aislado y sin luz solar, lo cual incidió gravemente en su salud. Hace 4 años le concedieron casa por cárcel y le niegan asistencia médica, su vida está en riesgo”, afirmó Pertiñez en un video difundido en Twitter, a propósito de que el lunes el funcionario cumplió 14 años de prisión.
A su solicitud se unieron figuras de la comunidad internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro; Beatriz Becerra, vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y los ex presidentes Andrés Pastrana de Colombia y Tuto Quiroga de Bolivia, entre otros, exigieron al gobierno la libertad plena de Simonovis y de los demás presos políticos, incluidos los otros funcionarios de la Policía Metropolitana a quienes condenaron a una pena de entre 18 y 30 años de cárcel.
“Los presos políticos en Venezuela no empezaron con Maduro, ya los había con Chávez. Iván Simonovis lleva 14 años en prisión. Desde el corazón de Europa pido su liberación inmediata”, dijo Becerra.
Ignorados. Los familiares denunciaron que el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Penal de Aragua, a cargo de la jueza Ada Marina Armas, desconoce los derechos procesales que les corresponden y los han sometido a 13 años en las celdas de Ramo Verde.
“Cada vez que hay una oportunidad de lograr una medida de libertad, algo sucede y todo queda allí. Le han hecho exámenes más de cinco veces y todo lo engavetan esperando una orden”, contó María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar.
En el caso ha habido denegación de justicia de la jueza, que ha guardado absoluto silencio ante las medidas sustitutivas de privación de libertad que han solicitado y que, según las leyes, les toca por buen comportamiento, horas de trabajo, salud y cumplimiento de pena, agregaron. A esta última tienen derecho desde 2007, pero el tribunal sigue ignorando las peticiones que han hecho los abogados y familiares desde la fecha.
“Hemos agotados las vías legales y no recibimos ninguna respuesta, pareciera que ellos no existen. Nos da miedo pensar que aunque cumplan su condena van a seguir encerrados ahí esperando respuesta de un tribunal”, expresó Pascastillo.