Política

El gobierno se tomó siete años para implantar la Misión Justicia Socialista

El diputado Juan Miguel Matheus afirmó que Maduro intenta pervertir el Poder Judicial para sustituir  la Constitución por el Plan de la Patria

Tareck El Aissami

Notiminuto

El Aissami es la máxima autoridad de la Misión Justicia Socialista

En enero de 2010, cuando el comandante Hugo Chávez presidió el acto de graduación de los primeros abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, tras recibir un proyecto sobre justicia social, aprobó la creación de la Misión Justicia Socialista. El entonces jefe del Estado exhortó a la comunidad a transformar la realidad sociojurídica e instó al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Procuraduría y a ministerios destruir los viejos códigos de las instituciones públicas.

La misión se ha gestado, en los últimos 7 años, en la UBV, en otras instituciones del Estado y en  las comunidades, donde se han promovido talleres de formación. El programa fue formalizado por el presidente Nicolás Maduro durante la apertura del año judicial, el 7 de febrero pasado, y legalizado en el decreto 2718 de la Gaceta Oficial número 41090.

Maduro dijo que la misión era un viejo sueño de Chávez. “Con el espíritu victorioso y de fe con que hemos iniciado 2017 anuncio la creación de la Gran Misión Justicia Socialista para ir a una alianza de trabajo entre los tres poderes, Judicial, Ciudadano y Ejecutivo, y garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. Asumamos esta misión para construir la paz en el hogar, en la comunidad, en la calle, para construir la paz que nuestra patria reclama”, subrayó. Aseguró que se aspira a combatir la impunidad  y la corrupción. 

En enero de este año se celebró el VII aniversario de la Misión Justicia Socialista durante la clase inaugural del período 2017-I del Programa de Formación de Estudios Jurídicos de la UBV, mediante un convenio con el Tribunal Supremo de Justicia. En 2014 se realizó el I Congreso Nacional de Justicia Socialista en el que el magistrado Luis Damiani Bustillos exhortó a formar un plan estratégico desde las bases y construir una nueva cultura jurídica alrededor de las masas sociales.

“La Misión Justicia Socialista responde a una fase superior del Plan de la Patria”, señaló el ministro del Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol Torres, el 23 de febrero. El funcionario informó que la misión tiene siete ejes: el fortalecimiento y la ampliación del Movimiento por la Paz y la Vida, el dispositivo Patria Segura, los Cuadrantes de Paz, el Sistema de Protección Popular para la Paz, la Operación Liberación del Pueblo, las Casas de Justicia y la lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo.

“En el Plan de la Patria 2013-2019 no se menciona la justicia socialista, pero sí se plantea la necesidad de una revolución en el sistema de administración de justicia y expresamente hace referencia a la justicia de paz comunal. Es claro que la Misión Justicia Socialista busca darle contenido y tema para que el poder popular se active y organice, en momentos previos a un proceso electoral, así como ocurrió con el Plan Comuna o Nada”, afirmó Carlos Romero Mendoza, especialista en derecho administrativo.

El abogado, que ha hecho seguimiento al impulso de la justicia socialista desde la Universidad Bolivariana, dijo que el país vive en medio de un Estado en ruinas donde el ciudadano no consigue respuestas ni del modelo institucional ni del modelo comunal. “Han pasado 5 años desde que la justicia de paz fue arrebatada al poder público municipal y ahora que está en manos del Poder Judicial la llamada justicia de paz comunal, las comunidades se han quedado sin legítimos conciliadores”, añadió.

El presidente de la subcomisión de Régimen Político y Administración de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado Juan Miguel Matheus (PJ), afirmó que “la Misión Justicia Socialista es el renovado intento de Maduro por pervertir el Poder Judicial, para sustituir la Constitución por el Plan de la Patria y trabajar una ética socialista que tampoco existe. Pretende someter más al Poder Judicial al adscribir la misión al Ministerio de Ciencia y Tecnología. El régimen sigue en su meta de destruir el Estado federal por el Estado comunal”.

El parlamentario cree que el impulso de la misión “es una respuesta al canibalismo que existe entre Tareck el Aissami y Diosdado Cabello por el control del TSJ”. Añadió que la AN estudia las acciones que seguirá para objetar el decreto.
 
Sistema vapuleado. “Rechazamos la pretendida ‘justicia socialista’ que se pretende establecer en nuestro sistema jurídico de manera soterrada al abrigo de un mecanismo de resolución de controversias comunales, atentando contra el sistema de justicia dispuesto en la Constitución”, afirmó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que tildó el decreto de antijurídico e inconstitucional. 

Los académicos se unieron al llamado de la Federación de Colegios de Abogados que pide dejar sin efecto el decreto de la misión. A principios de marzo introdujo un recurso de nulidad ante el TSJ con este argumento: “Este órgano, creado por el Poder Ejecutivo, pretende promover una transformación de la abogacía venezolana y consagrar unos hipotéticos valores éticos, que responden a los anhelos personales del señor presidente”.

Adoctrinamiento ciudadano

 Acceso a la Justicia señaló que pese a que la asesoría en materia jurídica a las comunidades y la lucha contra la impunidad parecieran ser parte de los objetivos de la Misión Justicia Socialista, en el decreto presidencial no se fijan mecanismos específicos. 

“Una nueva fundación con un nombre como Misión Justicia no parece que vaya a ayudar a mejorar problemas sumamente graves como la impunidad, la inseguridad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia. Lo que sí queda claro es que su enfoque es ideológico: ‘Tiene el supremo compromiso de construir el socialismo’ (encabezado del decreto), a través de abogados de la Universidad Bolivariana, fundamentalmente, cuyo pénsum de Derechono tiene prácticamente contenidos jurídicos. Pero su apellido revela cuál es su función real: adoctrinar a la población en la existencia de un derecho distinto al del mundo moderno, que es el de los derechos humanos por el derecho de la ‘democracia socialista”, afirmó la ONG.  

El dato

El Inces anunció que durante el mes de marzo realizará cursos para promover el sistema de contraloría en las comunidades y la erradicación de la corrupción en el marco de la Misión Justicia Socialista.