El cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, ve con preocupación cómo la situación del país se ha agravado en los últimos días. Advierte que, si bien Venezuela es una nación enferma y el pueblo está siendo humillado por el gobierno, “se debe seguir adelante y luchar por el bienestar de Venezuela”.

—¿Cuál es su diagnóstico sobre el país en este momento?

—La situación del país es cada vez peor, y me da un grandísimo dolor decirlo. La crisis económica se profundiza con las medidas gubernamentales y la hiperinflación alcanza unos niveles asombrosos. Tenemos una crisis social horrible con la delincuencia haciendo de las suyas hasta en los cementerios. Hay ciudadanos muriendo por falta de medicinas y alimentos, y una crisis política agravada por la persecución a la disidencia. El gobierno no ha sabido instrumentar medidas para que esto cambie. Por el contrario, refuerza las amenazas hacia la oposición, confisca bienes y afianza los controles y el monopolio como el de la importación de la harina de trigo con un dólar a 10 bolívares. Venezuela está muy enferma.

—¿Qué medidas deben aplicarse para enfrentar el agravamiento de la crisis?

—Esto es una tragedia. El gobierno debe darse cuenta de que el camino que ha tomado es la ruina del país. Las autoridades no pueden estar con la conciencia tranquila ante lo que ocurre. Los sectores de la oposición deben entender que están llamados a unirse y diseñar estrategias democráticas para impedir que aumente el deterioro.

—¿Están dadas las condiciones para un estallido social?

—Con un pueblo sometido a inmensos sacrificios y humillado, es muy fácil que haya un estallido social. Ojalá no suceda. La situación del país es peor que hace un mes: continúa el irrespeto a los derechos humanos, todavía hay presos políticos y persecución a gobernantes; ha aumentado la desnutrición infantil y volvieron las enfermedades erradicadas en la década de los años cincuenta del siglo pasado, como el paludismo, la tuberculosis y la difteria. Pero hay que seguir en la lucha, como lo hizo Bolívar, pese a las derrotas.

—¿Esa lucha incluye el retorno a la protesta de calle?

—Se deben defender los derechos de todos los venezolanos por todas las vías pacíficas. Pero las decisiones están a cargo de los líderes políticos.

—¿Qué efectos tendrá el reciente incremento del salario mínimo?

—El aumento es un regalo ilusorio, algo engañoso, más plata y se compra menos que ayer. No resuelve el problema. Con este aumento salarial se va a agravar la crisis humanitaria del país y habrá más pobres comiendo de la basura. Por orgulloso y por insensato, el gobierno no se abre al canal humanitario de medicinas y alimentos y esto clama al cielo. Sin duda, la gravedad de la crisis se debe a malas decisiones políticas.

—La persecución a la disidencia arreció luego del 15 de octubre y se abrió el camino para allanar la inmunidad parlamentaria al diputado Freddy Guevara.

—El gobierno no tolera la disidencia, quisiera que todo el mundo se le cuadrara como si fuera un soldadito ante un sargentón. La persecución a Guevara y al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien amenazaron con llevar preso, es inaceptable. En política democrática es preciso que haya respeto y tolerancia hacia los adversarios. Este clima de conflicto permanente no le hace ningún bien al país. El gobierno quiere descabezar a la oposición para que haya un partido único, pero no lo logrará.

—El gobierno amenazó con invalidar para las elecciones presidenciales a los partidos que no participarán en las municipales. ¿Es un delito abstenerse?

—No existe ningún delito, ni tampoco pena alguna por no participar en las elecciones. Es una decisión libre y soberana de los partidos y el gobierno debe garantizar los derechos políticos de la oposición. No se puede coartar la participación en procesos venideros.

—¿Están dadas las condiciones para las elecciones municipales?

—Actualmente no tengo confianza en este nuevo proceso. Hubo muchas irregularidades en las regionales y estos comicios serán realizados por el mismo CNE. Es muy probable que persistan los impedimentos para la sustitución de los candidatos, la migración obligada de electores, las amenazas a los testigos y el uso abusivo de los medios del Estado para beneficiar a los candidatos del oficialismo. Con ese marco viciado, si no se cambia el CNE, no hay confianza. El voto es importante pese a los esfuerzos del gobierno y el mismo Consejo Nacional Electoral por debilitarlo. El cambio del CNE debe hacerlo la Asamblea Nacional, que debe defender con más contundencia sus atribuciones constitucionales.

—¿Considera que la MUD debe reestructurarse?

—La situación de la MUD también es parte de la crisis. En la MUD hay gente inteligente, deben dejar los sentimientos personales y las molestias para tratar de buscar caminos para fortalecer la unidad política y no la meramente electoral. Debe integrar a los otros factores de la vida del país, como las universidades, los gremios, los sectores culturales y otros tantos para defender los derechos humanos y constitucionales de todos los venezolanos.

—Maduro prometió que con la ANC se acabaría la guerra económica y se resolverían los problemas del país.

—La constituyente es fraudulenta e ilegítima y no fue consultada al pueblo. Está compuesta por activistas políticos al servicio del gobierno y no va a resolver el problema económico. Aquí lo que hace falta es cambiar la ideología marxista, totalitaria y estatista que ha llevado a la ruina a Venezuela. Además a la ANC le correspondería, en todo caso, trabajar en una nueva constitución. La ANC se ha convertido en un instrumento político para todo, al punto de que existen dos presidentes: Maduro y la constituyente. La ANC lanza decretos por doquier.


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