En el Acuerdo de Convivencia Democrática, firmado unilateralmente por el presidente Nicolás Maduro el miércoles en un acto proselitista en Caracas y en la madrugada de ese mismo día en República Dominicana por la delegación del gobierno, que encabezaba Jorge Rodríguez, se insiste en que sean eliminadas las sanciones internacionales impuestas contra el Ejecutivo.
“Gobierno y oposición acuerdan trabajar conjuntamente para que se revisen y supriman las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”. Se establece que una comisión bilateral sería la encargada de hacer las gestiones contra las medidas ante la comunidad internacional.
Se ratifican los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y el apego al Acuerdo de Ginebra como vía para dirimir el conflicto territorial. “Las partes rechazan la inexplicable recomendación del secretario general de la ONU que pretende desviar la aplicación de los medios políticos sucesivos ordenados por el Acuerdo de Ginebra, y dejar la resolución de esta controversia en una peligrosa inercia, desaprovechando la virtud jurídica y pacífica que ofrece este tratado internacional vigente, en armonía con los postulados de paz a los que se debe las Naciones Unidas”.
En materia electoral, en el texto, que se negó a secundar la delegación liderada por el diputado Julio Borges, se fija como fecha de los comicios presidenciales el 22 de abril, anunciada el miércoles en la noche por el CNE, y se indica que “las partes se comprometen a reconocer el resultado de los comicios presidenciales del año 2018, independientemente de los mismos”.
También se “exhorta” a la selección, mediante consenso entre el gobierno y la oposición, de los dos rectores designados por la Sala Constitucional del TSJ el 13 de diciembre de 2016.
Otras condiciones electorales señaladas en el acuerdo, defendido por Maduro, son la actualización del Registro Electoral en el territorio nacional y en el exterior, desde ayer y hasta el 15 de febrero; el sorteo oportuno de los miembros de mesa “con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del Poder Electoral”, así como la realización de todas las auditorias técnicas con los estándares establecidos. Se plantea proponer al secretario general de Naciones Unidas la creación de una delegación de acompañamiento y observación electoral, además de una representación de los países signatarios del documento.
Se incluye una disposición sobre los centros de votación para las presidenciales: “A la fecha de la convocatoria de las elecciones los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores”.
Sobre la campaña electoral, el acuerdo dice: “Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales”.
Se plantea que a la Comisión de la Verdad se integren 3 representantes opositores y una ONG para presentar un informe en un lapso de 2 meses. El objetivo de esta instancia es la reconciliación, la reparación a las víctimas, la paz, la justicia, y para una convivencia democrática”. Se prevé nombrar una comisión para el estudio, análisis y formulación de propuestas constructivas para abordar la situación económica del país.