El presidente Nicolás Maduro triplicó los índices de violaciones al derecho a la integridad personal que se habían registrado en el país durante el mandato de Hugo Chávez, señala Provea en su informe número 29 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Entre 1997 y 2012 la ONG contabilizó 11.101 casos, mientras que desde 2013, el gobierno actual ha acumulado 30.584 ataques contra ciudadanos, que incluyen amenazas, heridas, allanamientos ilegales, torturas y hostigamiento.
El año pasado Provea contabilizó 7.357 violaciones en 491 denuncias de 4.819 víctimas individualizadas. Ese número representa un aumento de 411% de casos, respecto a 2016 cuando se registraron 1.790 situaciones similares.
Las cifras de vulneraciones del año pasado arrojaron que este ha sido el peor período para la garantía al derecho a la integridad personal de los venezolanos, después de 2015 cuando se cometieron 18.188 trasgresiones a los derechos a la integridad de los ciudadanos.
La ONG responsabiliza a la Guardia Nacional Bolivariana de ejecutar la mayoría de ataques a la integridad personal; solo en 2017 fueron señalados en 5.139 denuncias. Mientras que la Policía Nacional Bolivariana estuvo involucrada en 3.320 casos.
Por segunda vez Provea registró las actuaciones de agrupaciones paramilitares, que fueron responsables de 1.826 casos de violaciones al derecho a la integridad personal registrados durante las protestas. Estos grupos armados actuaron por sí solos y junto con agentes de la fuerza pública.
“Desde hace varios años a las acciones represivas de agentes estatales se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles armados afectos al oficialismo que, en abierta y pública coordinación con los cuerpos de seguridad, actúan para contener protestas en la mayor parte del territorio nacional”, advierten.
Torturas y silencio. Uno de los patrones de represión que identificó la ONG fueron los ataques contra grupo de personas que superan la decena, que se originaron en recintos carcelarios. En el informe también denuncian que 101 personas fueron torturadas el año pasado, lo cual representa un incremento de 561% de los casos, comparados con los 18 habidos en 2016. En el caso de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, identificaron 539 víctimas, 66 más que en el estudio anterior.
Provea registró 3.811 heridos y lesionados, lo cual se traduce en un incremento de 1.206% con respecto a 2016, cuando hubo 316 casos. Del total registrado el año pasado, 3.802 ocurrieron en las manifestaciones entre abril y agosto.
Provea exigió la investigación y sanción para todos los casos de violaciones a la integridad personal, pero “prevalece la impunidad para la mayoría”, aseguran. Señalan que al cierre del informe, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo han fijado posición o publicado información sobre las denuncias.
El dato
El Estado sigue en mora con la ratificación del Protocolo Facultativo sobre las visitas del Subcomité para la Prevención de la Tortura. En 2017, por tercer año consecutivo, Venezuela no informó al Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, acerca de los avances en la adopción e implementación de las recomendaciones y observaciones formuladas por el organismo internacional de protección de derechos humanos durante su período de sesiones N° 53 efectuado en 2014.
Amparado por la impunidad
Hoy se cumple un año del asesinato de David José Vallenilla, quien el año pasado recibió un disparo certero en el pecho por parte de un funcionario de la fuerza aérea que, a la fecha, no ha sido condenado.
El asesinato del enfermero de 22 años de edad que participaba en una protesta frente a la Base Aérea La Carlota es uno de los que ha reflejado la impunidad y las fallas en el sistema judicial del país. Su padre, David Vallenilla, denunció que las audiencias preliminares se han diferido en cuatro oportunidades por la falta de traslado del imputado hacia los tribunales.
Aseguró que las investigaciones han sido entorpecidas por los cuerpos de seguridad del Estado, que han negado la información de la cadena de mando que reprimió el día del asesinato, por lo que exige celeridad en las investigaciones que adelantó el Ministerio Público y que se impute también al resto de funcionarios.