En los últimos días han sido excarcelados 11 presos políticos, informó Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Entre estas liberaciones se encuentran la de Yoaldy Deyon, Juan Carlos Urdaneta, Laura Ruiz, Carola Hernández, así como la de Robert Escalona, Johander Ceiba, Anderson Pérez, primeros tenientes, y del teniente Carlos Arias, vinculados al caso del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez.
Romero indicó que a los ocho vinculados por el caso Óscar Pérez, ajusticiado en El Junquito el 15 de enero por funcionarios de seguridad del Estado, se les otorgó “libertad plena, sin restricciones y ni ningún tipo de prohibición”, luego de que la defensa logró desestimar los delitos “traición a la patria” y “rebelión militar”.
Por este incidente todavía quedan siete personas en proceso. El médico William Aguado, propietario de la casa en la que se encontraba Pérez; los primeros tenientes Eduardo Amaya y Antonio Pérez Cisneros pasaron a juicio por sustracción de objetos pertenecientes a la FANB y en calidad de encubridor.
De las otras tres excarcelaciones, Romero no ofreció mayores detalles por prohibición del tribunal. No obstante, aclaró que las mismas son bajo régimen de presentación. Recordó el caso de los tenientes Peter Moreno y Luis Lugo –vinculados al denominado Golpe Azul–, que fueron liberados y posteriormente encarcelados otra vez por “imprudencia de algún abogado”. Señaló que como en la gran mayoría de los casos, los ex detenidos sufrieron torturas, tratos crueles e inhumanos, de los cuales la ONG dejó constancia en las actas internas de los tribunales y fiscalías, y ha denunciado ante instancias internacionales.
“Hacemos referencia no solo a los actos de tortura, a los autores materiales, sino al encubrimiento o complicidad que pueda existir por parte de funcionarios judiciales o fiscales que no realizan las investigaciones pertinentes, como lo establece la Ley contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos y la Convención contra la Tortura”, explicó.
Familiares de los militares vinculados al caso desmintieron ayer que hayan recibido asistencia jurídica del Foro Penal, en los 11 meses que estuvieron detenidos sus parientes en la cárcel de Ramo Verde.
“En ningún momento hemos recibido asistencia jurídica del Foro Penal; ellos no son abogados de nosotros. Se están adjudicando esa victoria cuando es de los juristas Lilia Camejo, Doria Benhaim y Yonathan Mustiola, de Justicia Venezolana, y de Alonso Medina Roa”, dijo Ana Varela de Torres, madre del primer teniente Simón Torres, quien paso a ejecución de la pena por admisión de hechos.
Rumores
Alfredo Romero aseguró que no se han registrado liberaciones de privados de libertad de El Helicoide. Sostuvo que “sectores del gobierno manipulan la información para hacer creer que liberan a presos políticos, cuando son detenidos por crímenes comunes”.
Resaltó que desde 2014 más de 13.000 personas han sido encarceladas de manera arbitraria y que más de 7.000 de los excarcelados mantienen medidas restrictivas, como prohibición de salida del país, y de hablar ante medios de comunicación.
Manuel Vírgüez, director del Movimiento Vinotinto, afirmó que el gobierno mantiene el “efecto puerta giratoria”, debido a que libera a unos detenidos y encarcela a otros ciudadanos por circunstancias políticas, como es el caso de los sindicalistas Luis Chaparro y Rubén González.
Mencionó que este año la persecución ha sido igual de selectiva y sistemática que en 2017. Indicó que la mayoría de los casos tiene retrasos procesales, algunos están en fase de juicio y “muy pocos” en preliminar. “Terminan el año con una gran incertidumbre”, dijo.
Agregó que algunos detenidos manifiestan altos niveles de ansiedad y depresión, debido a que están en situación de aislamiento “y de otros ni siquiera se tiene información, como es el caso de los presos de La Tumba”.