Transcurrió 2018 y la cifra de personas condenadas por las muertes ocurridas en las manifestaciones de 2017 continúa en cero. Familiares y abogados de las víctimas de la represión del año pasado denunciaron opacidad, obstaculización, impunidad y denegación de justicia de los organismos del Estado.
“El gobierno juega al cansancio para que nosotros dejemos de exigir justicia por la muerte de nuestros hijos. A pesar del dolor que llevamos a diario, tenemos que seguir luchando”, expresó Elvira Llovera, madre de Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, asesinado el 26 de abril de 2017 al recibir un impacto de bomba lacrimógena en una manifestación en Altamira.
Llovera y otros familiares de las víctimas fatales han agotado las vías nacionales para conseguir justicia. Coinciden en que en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no procesan las denuncias.
El caso de Pernalete y el de Fabián Urbina, de 17 años, se mantienen estancados en la fase preliminar porque la Guardia Nacional se niega a aportar información sobre los militares que reprimían la protesta en la que murieron los jóvenes.
“En ningún caso ha habido justicia. No se ha enjuiciado a ninguna persona”, declaró José Pernalete, padre de Juan Pablo. La mayoría de los casos no han llegado a los tribunales debido al diferimiento de audiencias y a la negativa de los cuerpos de seguridad del Estado de suministrar información, añadió.
Ivan Urbina, papá del adolescente que recibió un disparo de bala de un guardia nacional en una manifestación el 19 de junio de 2017, informó que a pesar de que el responsable está identificado no ha habido imputación. 12 veces han diferido la audiencia.
“Los casos de 2017 siguen en fase preliminar porque al gobierno no le conviene investigar esas ejecuciones extrajudiciales que son su responsabilidad”, dijo David Vallenilla, padre del enfermero de 22 años que lleva su mismo nombre y que fue asesinado de un disparo de esfera metálica en el pecho.
El registro de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón indica que en los 6 años de gobierno de Nicolás Maduro, 227 personas han sido asesinadas en manifestaciones. De esa cifra, 29 eran menores de edad. De todos los casos, 176 se mantienen en fase de investigación y solo 8 responsables han sido condenados, que corresponden a algunos de los asesinatos de 2014 y 2015, entre ellos: Geraldine Moreno, Bassil Da Costa, Adriana Urquiola y Kliver Roa.
“Que al día de hoy la Fiscalía no haya concluido casos de 2014 evidencia la falta de voluntad del sistema de justicia para juzgar a los responsables de estas muertes”, expresó Marta Tineo, directora de la ONG.
Denunció que el gobierno de Maduro ha empleado dos patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos: uno de ejecuciones extrajudiciales para “aniquilar la disidencia” y el otro de impunidad en las muertes.
Sugeymar Armas, madre de Neomar Lander, de 17 años, que murió en Chacao el 7 de junio de 2017, aseguró que su caso no se ha aclarado ni le han dado información sobre la muerte de su hijo. “Para lograr justicia en Venezuela tenemos que luchar primero por la libertad de ella porque este gobierno tiene a todos los poderes a su favor”, agregó.
Ana Leonor Acosta, abogada de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, señaló que el Estado ha actuado contrario a los protocolos de justicia, protegiendo a los funcionarios responsables de las muertes. “No hay castigos, ni siquiera han emprendido acciones para evitar que esto suceda, que se repita; al contrario el gobierno ha azuzado la represión”, afirmó.