Política

El gobierno intensifica uso de la justicia militar para reprimir a civiles

Defensores de derechos humanos advierten que cada vez es más común que sean las instancias militares las que acusen, pues la Fiscalía se niega a hacerlo sin fundamento. En los últimos 5 años más de 100 ciudadanos han sido procesados por delitos castrenses  

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 Foto: Notiminuto

Cada vez son más los casos de civiles juzgados por tribunales militares. Marino Alvarado, abogado que trabaja con Amnistía Internacional y Provea, aseguró que la cifra se ha incrementado considerablemente. “En los últimos 5 años más de 100 civiles han sido procesados por la justicia militar”.

Advirtió que el gobierno acude con más frecuencia a la Fiscalía Militar para imputar delitos castrenses: ataque al centinela, ultraje al centinela, asociación para la rebelión u ofensa a las FANB. “Se va a utilizar más la Dirección General de Contrainteligencia Militar como órgano de represión; que no solo se dedique a investigar, perseguir y capturar a militares, sino también a civiles. La justicia militar es parte fundamental de la política represiva del gobierno”. 

Subrayó que la Constitución es clara en su artículo 261, que establece que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. El Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, lo ha interpretado a través de sentencias de la Sala Plena y la Sala Constitucional señalando “que hay civiles que cometen delitos de naturaleza militar”. 

“Esa interpretación es totalmente contraria a todos los criterios que han establecido los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, que aseguran que ningún civil puede ser juzgado por la justicia militar”, destacó Alvarado.

Indicó que solo los militares en servicio cometen delito militar. “Cada vez se restringe más el uso de la justicia militar en el ámbito internacional, pero en Venezuela vamos en línea contraria”.

Alvarado explicó que no son homogéneos los casos de civiles procesados por la justicia militar. Detalló que no solo son políticos o activistas, como el diputado Gilber Caro, preso en la PGV de Guárico y que por instrucción del Tribunal Supremo de Justicia debe ser juzgado en tribunales militares, y Steyci Escalona, de Voluntad Popular, sino también un número significativo de ciudadanos que han sido detenidos por protestar, individual o colectivamente, y que han tenido altercados con la GNB en las colas para comprar comida o en manifestaciones por servicios básicos. 

“En los últimos seis meses se ha hecho común que las que acusen sean las instancias militares, sobre todo porque el Ministerio Público se ha negado a hacer las acusaciones, como sucedió con Yon Goicoechea o con el concejal José Vicente García”, afirmó Alvarado. 

Añadió que también están en esa situación quienes tuvieron problemas con militares en puestos de control; civiles que solo por el hecho de discutir con autoridades fueron pasados a juzgados castrenses que los someten a regímenes de presentación y muchos finalmente terminan absueltos; militares en situación de retiro, a quienes no se les debería aplicar la justicia militar, aunque algunos reivindiquen que los juzgue esa instancia como el caso del general Raúl Isaías Baduel; y personas que trabajan para la FANB y cometen delitos en instalaciones militares.

Están por encima. El abogado Manuel Virguez, director de la asociación civil Movimiento Vinotinto, precisó que el mensaje que quiere dar el gobierno a la población es que nadie está por encima de los militares. “En los últimos años en Venezuela ha habido una militarización de la sociedad y la justicia no escapa de eso”. 

Recordó lo sucedido en el Mercal de la Base de Misiones La Zamora, en Chirgua, estado Lara, cuando el 11 de febrero de 2016 fueron detenidos por protestar Oscar Arrieche y su esposa, Yamileth Mendoza, junto con Yestzuli González, Enyuris Navarro, Jorge Santeliz, Jesús Navarro y un adolescente..

La protesta se produjo porque los vecinos denunciaron que los militares estaban sacando los alimentos. Arrieche intentó quitarle el fusil a una funcionaria y partió el vidrio de una patrulla. Le dictaron medida privativa de libertad y los trasladaron a Ramo Verde, donde estuvo 44 días preso. Fue imputado en un tribunal militar por ultraje al centinela, daño a un bien de la FANB y sustracción de armamento en calidad de frustración. A los demás les imputaron el cargo de ultraje al centinela y les impusieron medida de presentación cada 15 días. El adolescente quedó en libertad. La causa al tiempo fue cerrada y sobreseída.

“Este tipo de hechos puntuales tratan de hacer entender que no se le puede faltar el respeto a ningún militar”, dijo Virguez, para quien el sector castrense incluso pareciera estar por encima de la Constitución. “Una de las recomendaciones de nuestra organización al gobierno es la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, que data de 1998, y que se revisen los procedimientos penales que se han adelantado en contra de civiles”.

Alí Daniels, directivo de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, coincidió en que la justicia militar ha tomado mayor protagonismo porque la Fiscalía se ha negado a levantar cargos en situaciones que no lo ameritan. Señaló que el modelo data de la época de Juan Vicente Gómez, por lo que urge una reforma.

En el Informe Anual 2015 de Provea se documentan otros casos de civiles a quienes se les violó el derecho de ser juzgados por un juez natural: Carlos Eduardo Trujillo, acusado de los delitos de ataque al centinela y ultraje al centinela, fue procesado por discutir y presuntamente agredir a dos militares que le impidieron ingresar a una farmacia; y Erica Moncada, ciudadana colombiana detenida y torturada en un operativo de la OLP en San Antonio del Táchira, fue procesada por un tribunal militar en San Cristóbal y se encuentra detenida en la cárcel de Uribana, en Lara.

Más acusados. El 27 de octubre de 2011 cuatro líderes indígenas de la etnia pemón fueron detenidos y presentados ante un tribunal militar por haber capturado y desarmado a 24 funcionarios de la FANB enLa Paragua, estado Bolívar, a quienes acusaron de explotar ilegalmente una mina. Norberto Pinto, Julio González y Ramón Mujica quedaron bajo régimen de presentación, mientras que Alexis Romero estuvo detenido cinco días en la cárcel de La Pica, en Monagas.

El 13 de agosto de 2012 fueron detenidos cinco sindicalistas del sector construcción por protestar el atraso en los pagos. Trabajaban para una empresa que construía casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Fuerte Murachí, estado Táchira. Les fueron imputados los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las FANB. Ramiro Parada, Arturo González, Miguel Torres y José Mora pasaron 28 días detenidos.