Mariano de Alba, abogado y experto en derecho internacional, opinó este miércoles que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ante la respuesta de la comunidad internacional sobre las elecciones del próximo 20 de mayo, busca un elemento que le dé legitimidad a estos comicios.
“El gobierno está en la búsqueda de un elemento que legitime la elección. Por eso la presión a la ONU para que mande una misión electoral. Sin embargo, para que eso se dé, hace falta la aprobación del Consejo de Seguridad”, indicó el abogado en una presentación realizada en el foro Perspectivas 2018, llevado a cabo por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
De Alba indicó que el tiempo para que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) apruebe la misión es de 3 o 4 meses. Explicó que el organismo no observaría como tal el proceso sino que examinaría si se dan las condiciones para que la elección se pueda dar y luego venga una misión electoral a los comicios.
“Puede ocurrir el escenario en el que la misión diga que las condiciones no están dadas y se debe diferir la elección. Este es un tema en el que hay que tener mucho cuidado porque la ONU es intergubernamental y busca ser neutral”, dijo.
Preocupación por el tema migratorio
El abogado indicó que la atención internacional en Venezuela está centrada en dos asuntos: las elecciones y la crisis humanitaria. Sobre esta última, expuso que la llegada de venezolanos a los países fronterizos (Colombia y Brasil) aumenta la demanda de los servicios públicos, como el de la salud, por lo que estos Estados van a requerir de ayuda internacional.
“Ya vemos que en el caso de Brasil darán residencia a los que tengan más de dos años. Colombia, por su parte, hará un censo de venezolanos en ese país. Hay una respuesta más activa a la crisis migratoria”, aseveró.
En cuanto a una posible intervención humanitaria en Venezuela, el abogado explicó que la posibilidad de que se tome esa medida es mínima porque también requiere aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y hay países que se opondrían. Por otro lado, la llegada de ayuda humanitaria sería difícil porque el gobierno controla los puertos y medios por los que esta podría entrar y, en reiteradas ocasiones, ha mostrado su rechazo en recibirla.
“Podría decirse que la mayoría de los países ha subestimado hasta dónde puede llegar al gobierno. Si bien Venezuela es causa de preocupación y se han tomado medidas, la respuesta internacional es lenta”, explicó de Alba.
Sanciones personalizadas
El especialista en relaciones internacionales indicó que, si los países de la región deciden sancionar al gobierno, esas acciones no serían por exhorto de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) si no por cuenta propia de cada uno de los Estados. Sin embargo, no se espera que todos los países las apliquen por distintos motivos de índole comercial.
“Algunos países como México, que exporta alimentos al país, tienen que medir las consecuencias de unas sanciones porque causaría problemas en algunas de sus empresas. La totalidad de los países que están interesados en la situación de Venezuela cree que son los venezolanos los que deben buscar solución al problema”, sentenció.