Los obispos venezolanos manifiestan preocupación por el reinicio del diálogo, proceso con el que consideran el gobierno busca limpiar su vapuleada imagen ante el mundo. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Diego Padrón, aseveró: “El gobierno busca lavarse la cara internacionalmente con nueva etapa del diálogo. El gobierno distrae la atención, gana tiempo e insiste en dialogar en vísperas de las elecciones del 10 de diciembre”.

El prelado calificó este proceso como riesgoso porque las condiciones en las que se ha dado la fase exploratoria generan incertidumbre y descontento entre la población. “El problema es que el diálogo es manejado por una parte de la oposición que no informa a los ciudadanos sobre sus decisiones. No se sabe quién designó a los que asisten a la fase preparatoria. Se habla de negociación, pero se desconoce qué significa esto y si está incluida la palabra transición. Están muy confiados en los países que los van a acompañar y esto no es suficiente. El diálogo es una estrategia que ha usado el gobierno en diferentes oportunidades y esto no garantiza que haya resultados. Hemos retrocedido a hace un año y el país está peor”, indicó monseñor Padrón, arzobispo de Cumaná.

Los prelados se mantienen expectantes ante este nuevo intento de del diálogo. El cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida, coincidió con monseñor Padrón en que la intención del Ejecutivo es exhibir una cara democrática ante la comunidad internacional. “El ministro Jorge Rodríguez ha dicho que el presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 300 llamados al diálogo, pero también ha dicho 3.000 insultos y descalificaciones. Pero obras son amores y no buenas razones”, resaltó.

Porras agregó que para la Iglesia, el diálogo siempre será una vía para la resolución de conflictos y la búsqueda del bien común. Sin embargo, exhortó a tener una agenda concreta y el compromiso en el cumplimiento de los acuerdos como exigió, en diciembre del año pasado, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en una carta confidencial enviada al gobierno y a la oposición.

El cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, recordó que Parolin pidió se honrara el compromiso de liberar a los presos políticos, atender la crisis de alimentos y medicinas, devolver las atribuciones constitucionales al Poder Legislativo y se fijara el calendario electoral.

“El gobierno necesita el apoyo de la oposición para resolver el problema de la restructuración de la deuda y la oposición debe aprovechar esta coyuntura para lograr el reconocimiento de la Asamblea Nacional y la designación de un nuevo CNE. No se puede seguir adelante con este Poder Electoral que ha actuado dictatorialmente y ha hecho lo que le ha venido en gana con los electores”, expresó.

Urosa Savino cuestionó que el gobierno exija a la oposición el cese de sanciones internacionales cuando esas medidas provienen de otros países.

Arma de dominación. Los prelados señalaron su preocupación sobre el poder otorgado al gobierno a través de La Ley contra el odio.“Indudablemente, es un instrumento de represión que se hizo extralimitando las funciones de la constituyente. Se penaliza a las personas y a las instituciones disidentes del gobierno de manera discrecional para perseguir cualquier conducta contraria al gobierno. Es una arma de dominación y no una ley que satisfaga la solución de los múltiples problemas del país”, sostuvo el cardenal Baltazar.

El prelado añadió que en el estado Mérida muchos jóvenes son amedrentados y solicitados por la policía bajo el señalamiento de que son generadores de conflicto. Indicó que la persecución sistemática desarrollada en el país ha originado el éxodo masivo, especialmente, de estudiantes.

El presidente de la CEV llamó a recordar el origen del enfrentamiento entre los venezolanos. “Si revisamos la historia quienes han manifestado más odio en Venezuela, desde el principio, son los del gobierno. Se inculcó el odio porque algunos tenían y otros no. Esa ley no tiene un valor educativo, solo busca criminalizar, perseguir y obstaculizar libertades comenzado por la libertad de expresión”, afirmó.

Monseñor Padrón vislumbra que la nueva ley traerá una cacería de brujas. “Se criminalizarán todas las manifestaciones de protestas,  de rechazo y de desobediencia con castigos muy fuertes de hasta 20 años de cárcel. Además la Ley contra el odio se prestará para que se interprete a discreción de cualquier juez y favorecer a quien está en el poder”.

Padrón coincidió con Urosa Savino en que la norma debe ser derogada. El cardenal y arzobispo de Caracas llamó a  no quedarse de brazos cruzados ante los atropellos y cree esencial que todos los sectores del país se unan para exigir la derogatoria La Ley Constitucional contra el Odio.

Urosa destacó que el origen del instrumento es la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que la Conferencia Episcopal Venezolana ha calificado de ilegítima por no originarse con el aval del pueblo.

“El nombre de la nueva ley es lo de menos, pero eso de llamarla Ley contra el Odio es una medida efectista. El odio no es un sentimiento que se pueda regular, en todo caso, la violencia. El propósito de esta norma, antidemocrática y antipopular, es proteger al gobierno de las críticas que podamos hacerle los ciudadanos y aumentar la persecución y esto es inaceptable”, afirmó el cardenal Jorge Urosa Savino.

Agregó que la ANC no tiene justificación ni jurídica ni política para un instrumento como el que pretenden imponer. “Si la constituyente fuera legal solo debería estar avocada a crear una nueva Constitución”, enfatizó Urosa Savino.


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