En los últimos cuatro meses el gobierno, valiéndose de los cuerpos de seguridad del Estado como el Sebin, la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional, ha arreciado la persecución contra los trabajadores de varios sectores que reclaman derechos laborales y exigen la mejora de la calidad de vida, deteriorada aún más por el “paquetazo económico” que impuso el presidente Nicolás Maduro, aseguraron dirigentes sindicales.
Marcela Máspero, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, expresó que la respuesta a las protestas ha sido acoso, intimidación y prisión para dirigentes sociales y sindicales.
El directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, añadió que el gobierno utiliza “los cuerpos represivos y espías internacionales, chinos y cubanos, dentro de las empresas básicas” con el fin de atemorizar a los trabajadores para que no protesten ni exijan que sus reivindicaciones sean respetadas. “Es un terrorismo de Estado”, afirmó.
El Estado, señaló, viola el artículo 97 de la Constitución que les garantiza derecho a la huelga a todos los trabajadores de los sectores públicos y privados. “El gobierno ha pretendido decir que la huelga es violenta y conspirativa, pero no es así, es para restituir derechos violados. Los sectores laborales del país ven cómo se están eliminan las convenciones colectivas y se busca imponer un salario único, el cual dependerá del gobierno y no de lo que decidan las tres partes: patrono, Estado y trabajadores”.
Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, declaró que los reclamos de los trabajadores del país son justos porque el gobierno está fuera de lo que establece la carta magna. Agregó que el Ejecutivo viola el artículo 89, según el cual “ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”.
“A las manifestaciones siempre nos visitan los organismos de seguridad del Estado, cuyas acciones están más allá de lo normal y que en un sistema democrático no pueden existir. No debería haber amedrentamiento de aquel que levanta la voz”, expresó Zambrano.
Máspero destacó el caso de las enfermeras Karen Peraza, Iliana Castillo y Denilda Luna, del Servicio de Neonatología del Hospital Luis Razetti de Barcelona, que fueron aprehendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas el 5 de octubre. Mencionó a Marjorie Medina, médico neumonólogo, detenida el 6 de octubre en su residencia en Puerto Ordaz por agentes dela Dirección de Contrainteligencia Militar. Se le imputan delitos informáticos. “No sabemos absolutamente nada de ella. Su único pecado fue protestar y proteger a quienes protestamos todos los días”.
La dirigente también nombró a Luis Chaparro, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cemento, quien fue sacado a la fuerza de su casa en el sector El Paraíso el 17 de octubre en la noche y arrestado 12 horas en la sede de la Dirección de Contrainteligencia en El Pensil de Puerto La Cruz.
Leonel Grisett, miembro de la Coalición Siderúrgica 40 y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, que lleva más de una década bajo presentación tribunal por una protesta laboral en Guayana, recordó que la intención de criminalizar los reclamos tiene más de 10 años y que ahora se acentuó. “Nuestras protestas en la región, que llevan más de 50 días, han sido pacíficas y seguimos en pie de lucha”.
Aseguró que las amenazas y la intimidación son a diario, no solamente del Sebin, la Dirección de Contrainteligencia y la Guardia Nacional Bolivariana, sino también de colectivos. “En todo momento están dentro de las empresas, hacen seguimiento a nuestros vehículos y se presentan en las protestas fuertemente armados”, contó. Es una burla que el gobierno le haya entregado un cartón de huevos a cada trabajador de Sidor como una “ayuda alimentaria” que será descontada de la nómina.
Máspero agregó que en Guayana hay otro caso emblemático que es el de Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera, que ya había estado preso e intentado detener por el Sebin en una reciente manifestación en el portón IV de la empresa.