Entre las 6:00 am y las 9:00 am entrar en la sede del Poder Judicial en Caracas era una odisea. La Guardia Nacional Bolivariana desplegó 8 camiones murallas en la avenida Baralt y la Cota Mil, y distribuyó funcionarios por cualquier calle de Altagracia y La Pastora que diera a la sede del Tribunal Supremo de Justicia y hasta en Puente Llaguno, cercano a Miraflores. Propósito: impedir que los ciudadanos llegaran en masa y se adhirieran al recurso contencioso, introducido por la fiscal general en la Sala Electoral del TSJ, para que anule la asamblea nacional constituyente.
La jueza María Lourdes Afiuni y su abogado, José Amalio Graterol, no lograron ingresar al TSJ. Sin embargo, quienes sí lo hicieron, como el ex fiscal bancario José Benigno Rosas, representantes del Colegio de Abogados-capítulo Caracas; el coronel retirado de la GNB, Rafael Ángel Fariñas; el concejal Fernando Albarrán y Antonio Ecarri, directivo de la Fundación Arturo Uslar Pietri, se encontraron con otra alcabala: “Hoy no hay despacho”, respondieron los trabajadores de la Sala Electoral, así que no pudieron firmar el recurso.
¿Cierre por tiempo indefinido?
Los ciudadanos acordaron ir a partir del lunes 12 de junio cuando les prometieron que el TSJ trabajaría. “Hay despacho de lunes a jueves”, le dijeron al abogado Carlos Prince, asesor de Primero Justicia. El ex fiscal Rosas indicó que le explicaron que “la orden (de no laborar ayer) era de arriba”, de la presidencia del TSJ, y que podría “ser indefinida”.
El abogado llevaba la firma de 43 ex fiscales nacionales, oriundos de Maracaibo, Táchira, Mérida, Trujillo y Monagas, que avalan la posición de Luisa Ortega Díaz de que la ANC es inconstitucional, atenta contra la República y, por ende, debe ser anulada. Los ex fiscales y ex jueces constituyeron el grupo Confluencia Jurídica en Defensa de la Democracia que asesorará a los ciudadanos que quieran adherirse al recurso ante el TSJ.
El coronel Fariñas, hasta hace dos años jefe de la guarnición militar del Zulia y ahora en la Reserva Activa, dijo no temer a sanciones dentro de la FANB: “Los soldados deben adherirse a este recurso contra una ANC que viola la Constitución”.
Los diputados Delsa Solórzano, Luis Emilio Rondón y el abogado José Gregorio Graterol rechazaron las trabas puestas por la GNB y el cierre de la Sala Electoral porque violan la Constitución (artículo 26) que obliga al Estado a garantizar justicia sin dilaciones indebidas, formalismos o reposiciones inútiles.
“El TSJ negó hoy (ayer) el acceso a la justicia, consagrado en los artículos 26 y 51 de la Constitución, relacionados con el derecho a reclamar atención y ser respondidos. La administración de justicia no es de (Nicolás) Maduro”, cuestionó Solórzano.
La MUD invitó a los ciudadanos a bajar de su portal y cuentas de diputados un modelo de adhesión al recurso de la Fiscalía; llenarla, firmarla y acudir a partir del lunes 12 a las afueras del TSJ, donde un grupo de abogados asesorarán a los interesados. “Mientras la Sala Electoral no tenga despacho, no puede resolver sobre lo solicitado por la fiscal”, advirtió.
Graterol denunció la violación del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el acceso a la justicia.
Al retirarse, Solórzano, Rondón y dirigentes de UNT fueron agredidos por militantes del PSUV en la esquina de Guanábano. “Chávez vive”, gritaban mientras otros repartían golpes. El carro fue atacado cuando dos abogados recibieron golpes y los tiraron al piso. “Aquí no vienen a guarimbear”, les decían a quienes solo iban a pedir justicia en el TSJ. La GNB intervino y reclamó a chavistas que caían a golpes al carro.
A pesar de las amenazas y obstáculos, el interés por apoyar la acción de la Fiscalía no baja. A la lista se suman los ex ministros de Hugo Chávez, Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio, Gonzalo Gómez (Aporrea), dirigentes de Marea Socialista, por su lado; y la Unión Nacional de Trabajadores. “Como trabajadores que luchamos por la libertad y la restitución del hilo constitucional pedimos anular la ANC por ser un fraude”, dijo Ana Yánez (Unete).
Foro Penal: Hay que esperar la admisión en el TSJ AYATOLA NÚÑEZ El Foro Penal Venezolano puso a disposición de la ciudadanía su plataforma jurídica para apoyar la adhesión de la sociedad civil al recurso introducido por la fiscal Luisa Ortega Díaz para bloquear la asamblea nacional constituyente. Alfredo Romero, director de la ONG, explicó que para formar parte no hace falta el acompañamiento de un abogado; sin embargo, debe estar suficientemente asesorado para tener todos los elementos necesarios, con el fin de completar la adhesión. Afirmó que el primer elemento por esperar es que el documento sea admitido por la Sala Electoral del máximo tribunal y se desprenderá un número de expediente que debe ser puesto en el documento para respaldar la nulidad de la ANC. Romero solicitó a la Fiscalía habilitar a representantes que reciban las adhesiones y verifiquen que los requisitos estén completos y así, evitar que sea desestimado. Gonzalo Himiob, también directivo de la ONG, indicó que el documento, que ya se encuentra en el portal web del Foro Penal, tiene tres formatos: uno para las personas que deseen hacerlo de forma individual, otro para quienes quieran hacerlo de forma colectiva y, el último, es un formato documento especial, que pudiera ser entregado a un representante del Ministerio Público. Agregó que el texto muestra los argumentos legales para que la Sala Electoral del TSJ anule inmediatamente la asamblea nacional constituyente y debe estar acompañado por los datos personales, así como la dirección del solicitante, más una copia de la cédula de identidad. Además, dijo que la solicitud debe ser entregada personalmente. Los directivos de la ONG destacaron que no debe existir temor por parte de los ciudadanos porque esta “no es una solicitud temeraria”. Acotaron que en caso de ser desechada por el máximo tribunal, la única alternativa sería denunciar la situación ante instancias internacionales. |