El Ministerio Público no promovió como pruebas los videos presentados el domingo pasado por el presidente Nicolás Maduro en la audiencia de presentación de los hermanos Sánchez, Francisco José y Francisco Alejandro, quienes fueron torturados y obligados a incriminar a Primero Justicia en los hechos vandálicos de los últimos días en el país. La información se conoció de forma extraoficial y también se supo que la Fiscalía no autorizó al mandatario nacional a divulgar públicamente las filmaciones.

Con esta actuación del Ministerio Público se da otro alejamiento con el Ejecutivo, luego de que la fiscal Luisa Ortega Díaz no convalidara las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ que anulan las potestades de la Asamblea Nacional.

Ayer se efectuó la audiencia de presentación en el Tribunal Décimo de Control del área metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Josepline Flores.  El abogado defensor de los hermanos Sánchez, Joel García, afirmó: “Si hubiese Estado de Derecho esos muchachos no deberían quedar presos. Pero después de las declaraciones del presidente Maduro, no creo que la jueza vaya a dejarlos en libertad”.

El abogado mencionó que se han presentado una serie de nulidades durante el proceso judicial. “Es un procedimiento viciado, desde la desaparición forzada de los hermanos hasta el vencimiento del lapso para presentarlos al tribunal”. 

Los Sánchez forman parte de las 538 personas que han sido detenidas en protestas desde el pasado 4 de abril, de acuerdo con las cifras presentadas por el Foro Penal venezolano ayer.

Del número total de arrestados, 165 fueron absueltos sin presentación, otros 64 quedaron libres con medidas cautelares y 36 personas obtuvieron libertad plena. Hay 152 detenidos que esperan ser exculpados por presentación de fiadores, 89 que aguardan la audiencia de presentación y 32 privados de libertad por decisión judicial.

En cuanto a las torturas, Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG,  dijo que estudian las denuncias. “Estamos recopilando todas las actas. Todavía no podemos determinar cuándo ni cómo haremos esas denuncias. Lo que hacemos es exigirle a la Fiscalía que investigue. Hay que hacer una investigación”, puntualizó.

Romero agregó que la mayor cantidad de detenciones se ha producido en Caracas (134), seguido de Lara y los Altos Mirandinos (88). Carabobo y Zulia (47) cierran el podio. 

Periodistas detenidos. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, confirmó que los dos periodistas franceses, Sebastián Pérez y Didier Barral, detenidos el martes 11 de abril, continúan recluidos en el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, localizado en La Guaira.

“Hasta ahora no se han podido constatar las condiciones de los periodistas porque ellos no han tenido oportunidad de hablar con los abogados que contrató Capa TV. Tampoco ha sido posible ver los expedientes, dado que los tribunales estaban en receso por Semana Santa”, señaló Ruiz.

Los reporteros, que llegaron al país el 31 de marzo para hacer documentales sobre diferentes problemas que hay en el país, no estuvieron en las marchas de la oposición.

Ayer se supo que el diputado uruguayo Jaime Trobo, del Partido Nacional, de oposición, dijo que presentaría un documento ante el Parlamento de su país para exigir la intervención de la Cancillería en el caso del periodista Sebastián Pérez, quien también posee la nacionalidad uruguaya. 

Trobo, de acuerdo con Efe, expresó que la situación de su compatriota es incierta, debido a que tenían información de que tanto Pérez como Barral serían liberados el fin de semana pasado, pero eso al final no ocurrió. Asimismo, señaló estar preocupado por las versiones que indican que a los periodistas les habrían plantado algún material para inculparlos de alguna conspiración contra el gobierno venezolano.

El reportero fue detenido junto a su compañero, el francés Didier Barral, en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Ambos se encontraban en Venezuela desde el 31 de marzo.

Provea: Maduro violó la Ley de Prevención de Tortura

Provea denunció que el presidente Nicolás Maduro violó el artículo 33 de la Ley de Prevención de la Tortura en Venezuela.

El artículo especifica que ninguna declaración que se obtenga bajo tortura será tomada como prueba, esto en referencia a la detención de los dirigentes juveniles de Primero Justicia Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez. El mandatario nacional acusó el día de ayer a los dirigentes de PJ de ser responsables de las manifestaciones violentas y del ataque a la Magistratura. Con testigos y un material audiovisual explicó que la organización política les pagó 300.000 bolívares para que destruyeran la sede de la Magistratura y generaran desestabilización en Caracas.


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