La Fiscal Luisa Ortega Díaz solicitó ayer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes. Es decir, que se les elimine la prerrogativa de la inmunidad para dar paso a sus enjuiciamientos.
La acción es contra los magistrados Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves, quienes habrían incurrido en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, el cual está previsto y sancionado en el artículo 132o del Código Penal.
Hay que hacer la salvedad de que si bien la Sala Constitucional está integrada por siete magistrados no se menciona a la ex presidente del TSJ y también, miembro de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, porque no firmó las sentencias 155 y 156 que anulaban las potestades de la Asamblea Nacional como tampoco la 378, que determinó que cuando el presidente toma la “iniciativa” para convocar una asamblea nacional constituyente no es necesario consultar al pueblo previamente mediante referendo. Gutiérrez está de permiso y en España.
También pidió que los ocho funcionarios se inhiban de conocer sobre la petición interpuesta. “En el supuesto de que no se inhiban, estamos solicitando la recusación. Igualmente, estamos interponiendo como medida cautelar innominada la separación del cargo de estos magistrados porque corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del Derecho. Sería la muerte del Derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta Sala, por eso, pido que se convoquen a nuevos magistrados para que puedan resolver esta petición”, aseguró.
Tutela. De acuerdo con su juicio, de la Sala Constitucional tiene una política reiterada que atenta contra esa forma republicana. Y puso como ejemplo las sentencias 155 y 156, con las cuales se produjo una ruptura del orden constitucional.
Aclaró que no solo se conspira, por un acto de fuerza, contra la forma republicana de la nación, sino que también se causan daños irreparables a través de decisiones. Afirmó que lo que se está buscando es desmantelar el Estado.
“Es necesaria la paz de la República, es necesaria la seguridad jurídica. No puede ser que al TSJ, si hoy no le gusta la Asamblea Nacional la elimina; mañana no le gusta el Ministerio Público y lo elimina; pasado no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. No puede ser que se desestructure, se desmantele el Estado; conspirar para atentar contra la forma republicana establecida en la Constitución solamente por caprichos”, reiteró.
Destacó que el TSJ atentó contra uno de los derechos de los ciudadanos como es la tutela judicial efectiva, al impedir a las personas llegar hasta la sede del máximo tribunal del país para adherirse a la acción intentada por ella.
Explicó que la tutela judicial efectiva garantiza que toda persona pueda acceder a los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos. “¿Cómo se accede al TSJ si colocan tanquetas y obstáculos?”, se preguntó.
Se debe nombrar junta accidental
El ex fiscal José Benigno indicó que luego de la solicitud de antejuicio de mérito promovido por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, a quien acusó de ser los responsables del rompimiento del orden constitucional, corresponde a la Asamblea Nacional designar a unos nuevos magistrados para conformar una junta accidental que conocerá el caso y decidirá si hay mérito o no para el enjuiciamiento. El jurista señaló que, por tratarse de un recurso que involucra a los representantes del máximo tribunal, estos no pueden pronunciarse al respecto. Por la forma en cómo está concebida la petición, es un hecho inédito. No obstante, magistrados como Luís Velásquez Alvaray, de la Sala Constitucional, y Antonio Ramírez Jiménez, de la Sala de Casación Civil, fueron removidos de sus cargos tras la denuncia de un civil
El Dato
La Fiscalía de España se ha sumado al manifiesto firmado por procuradores, fiscales generales y representantes de las fiscalías de varios países de la región