Política

La fiscal Luisa Ortega Díaz generó un nuevo conflicto de poderes

El abogado José Ignacio Hernández explicó que al antejuicio de mérito interpuesto por Luisa Ortega Díaz seguiría el inicio de un proceso penal, que podría concluir con el encarcelamiento de los jueces de la Sala Constitucional

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Ortega Díaz ha actuado con apremio y premeditación ante las respuestas del Poder Judicial en rechazo a sus solicitudes

Los ciudadanos deben mantener la protesta cívica en contra del golpe de Estado y la Asamblea Nacional Constituyente mientras se espera el desenlace del conflicto entre la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), consideran expertos en materia constitucional.

En una entrevista exclusiva con El Nacional Web, el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández afirma que Ortega Díaz, al asumir la defensa de la Constitución, generó un nuevo conflicto de poderes: “El año pasado fue el de la Asamblea Nacional y el TSJ. Ahora es la fiscal general contra el TSJ”.

Ortega Díaz ha actuado con apremio y premeditación ante las respuestas del Poder Judicial en rechazo a sus solicitudes.

El lunes, la Sala Electoral declaró inadmisible su recurso contencioso electoral para anular todos los actos relacionados con la ANC por la “inepta acumulación de pretensiones”, dejando abierta la posibilidad de interponer un nuevo recurso si se realizan “correctamente las acciones judiciales”. Sin embargo, de inmediato Ortega Díaz impugnó el nombramiento de los 13 magistrados y 20 suplentes del TSJ realizado a finales de diciembre de 2015.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli destacó que cualquier ciudadano puede introducir un recurso de nulidad de los actos del Consejo Nacional Electoral sobre la Constituyente, incluso la fiscal general pudiera reformar su propia demanda y volver a solicitar la suspensión del procesoNo obstante, no lo hace porque “está en actitud de cuestionar a los magistrados”.

“El único fin de seguir por esa ruta es que ella piense que en el TSJ alguien puede recobrar el sentido, declarar con lugar una medida preventiva y detener el proceso (Constituyente)", explicó.

Antejuicio de mérito

Este martes, la fiscal general acudió nuevamente al TSJ. Introdujo ante la Sala Plena un antejuicio de mérito y la desincorporación cautelar en contra de ocho magistrados de la Sala Constitucional: seis principales y dos suplentes. Los jueces fueron acusados de estar posiblemente incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana del Estado.

José Ignacio Hernández explicó que tras el antejuicio de mérito, la Sala Plena autorizaría el inicio de un proceso penal, que podría concluir en una orden de privativa de libertad en contra de los magistrados.

Destacó que la fiscal actuó contra la Sala Constitucional y no la Electoral, al considerar que fue la primera la cual suscribió las sentencias con las que se rompió el hilo constitucional. Acotó que en caso de ser admitidas, los magistrados deberán separarse de sus cargos.

“Lo que queda es seguir protestando (…) Depende de la decisión de alguna Sala del TSJ que se paralice el acto electoral del 30 de julio”, expresó Juan Manuel Raffalli en una entrevista a El Nacional Web. Agregó que dicha decisión judicial podría ocurrir de haber una presión de calle o institucional “muy grande”, por ejemplo de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Hernández coincidió con Raffalli en que se deben mantener las manifestaciones “en ejercicio del derecho ciudadano”. Además, se debe impulsar un proceso de transición -desde el punto de vista jurídico- en la Asamblea Nacional.

“Todo es nulo”

Para el abogado y doctor en derecho de la UCV Allan Brewer-Carias “nunca es tarde” para emprender las acciones correspondientes. Aseveró que las medidas tomadas por la fiscal general evidencian que el proceso para designar a los magistrados estuvo viciado: otra razón para que el Parlamento los remueva inmediatamente y seleccione otros.

“Si el procedimiento de nombramiento de magistrados está viciado, como confiesa la fiscal general, los mismos deben tenerse como nunca nombrados. Todo es nulo”, escribió Brewer-Carias en Twitter. A su juicio, los jueces deben ser acusados por Ortega Díaz de violar el orden constitucional sin derecho a antejuicio de mérito.

Entretanto, la Asamblea Nacional tiene pendiente la consideración del informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales para la elección de los magistrados del TSJ.