La muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, a consecuencia de fuertes torturas de las que fue víctima en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, es un mensaje de intimidación que busca aterrorizar a la Fuerza Armada Nacional y a los ciudadanos, aseguraron expertos en materia militar.  

El periodista Eligio Rojas filtró este lunes parte del informe del examen forense que se le realizó al cuerpo del capitán, que determina que la causa de la muerte fue un edema cerebral fuerte por una insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado. A juicio de Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, esto confirma que el militar sufrió fuerte torturas en vista de que la rabdomiólisis tiene entre sus causas el aplastamiento, la tortura, traumatismos y electroestimulación.

Luego de recibir tratos crueles e inhumanos durante siete días, Acosta fue presentado en una silla de ruedas ante el Tribunal Tercero de Control Militar el 28 de junio, sin poder mover las manos ni las piernas, con los ojos desorbitados y pidiendo auxilio, denuncian familiares y abogados.

“Fue torturado de una manera atroz y con todo el descaro lo llevaron en silla de ruedas ante un tribunal, hasta tal punto de que el juez, asustado y angustiado, lo envió al Hospitalito en Fuerte Tiuna donde murió. Es una política de Estado para aterrorizar a los venezolanos, para que nadie salga, para que surja una desesperanza nacional y el régimen permanezca en el poder”, manifestó Fernando Ochoa Antich, general retirado y ex ministro de la Defensa.

Ochoa Antich afirmó que la persecución contra los militares que discrepan del modelo actual genera “un creciente descontento y un gran temor” en los cuarteles.

“En la FAN tiene que existir una gran angustia. Se vulnera el derecho de los militares; cuando algún oficial dice algo es sancionado con severidad y compromete, incluso, a su familia”, enfatizó. 

El sargento segundo Estiben José Zárate Soto y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejías, ambos de la GNB y adscritos a la Dgcim, están siendo procesados por este caso, que ha sido precalificado por la fiscal 53° del Ministerio Público como un homicidio preterintencional con causal.

El general retirado Gonzalo García Ordóñez, ex jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, considera que se debe investigar a toda la cadena: “Aquí no son un teniente y un sargento los responsables. Aquí hay una línea de mando que arranca con el presidente de la República y el ministro de la Defensa”.

Afirmó que por haber una clara violación a los derechos humanos el caso no debe ser tratado como un delito ordinario, sino por la ley para la tortura.

Sin reaccionar

92 militares del Ejército, 23 de la Aviación, 25 Armada y 58 de la Guardia Nacional Bolivariana permanecen privados de libertad, de acuerdo con cifras de la Asamblea Nacional. Están detenidos sin orden judicial, sin poder ver a sus familiares o abogados, sin ser presentados ante tribunales en las 48 horas correspondientes, y bajo tortura permanecen los militares en la cárcel de Ramo Verde, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o la Dgcim.

A juicio de San Miguel desde la cúpula gobernante generan mecanismos para “destruir cualquier elemento de indignación institucional” como ocurrió en el Comando General de la Armada, en San Bernardino, donde enviaron a funcionarios de Casa Militar para que controlaran la situación.

“Este caso es la decadencia moral, la pérdida de los valores que sostienen el funcionamiento de una institución. Significa el resquebrajamiento de elementos clave de disciplina, de respeto a los derechos humanos, pero también toca las fuentes de orgullo militar”, expresó.

Los generales retirados afirmaron que el organismo castrense dista mucho de parecerse a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela a la que ellos sirvieron, en la que predominaba el compañerismo y el respeto a las normas.  

“La FAN a la que yo pertenecí hubiese reaccionado. Esta, que es socialista y chavista, no sé si reaccionará o no. La Fuerza Armada de una nación democrática ya lo hubiera hecho”, sentenció García Ordóñez.


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