En los últimos cinco días se ha implementado un nuevo patrón de persecución contra la oposición, que consiste en acosar, amedrentar y detener arbitrariamente a familiares de personas solicitadas. De la misma manera, ejecutar allanamientos sin orden judicial en las viviendas de esas personas y otras casas de parientes o conocidos, denuncian abogados y representantes de ONG.
Desde el 11 de octubre no ha cesado la persecución de los organismos de seguridad del Estado en contra de los militares involucrados en el Golpe Azul, de sus familiares y de personas señaladas de encubrirlos.
Ese día, el teniente de la aviación Peter Moreno, y los primeros tenientes de ese mismo componente, Luis Lugo, Carlos Esqueda y Ricardo Antich, fueron liberados por el Tribunal Militar de Ejecución de Aragua, por cumplimiento de pena. En 2015 fueron acusados por el presidente Nicolás Maduro de intentar ejecutar “el Golpe Azul” y desde entonces se encontraban detenidos en La Pica, en Monagas.
No habían trascurrido 12 horas desde que el juez de ese tribunal, Pedro Lunar, dictó la decisión, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar iniciaron la búsqueda de los cuatro oficiales excarcelados.
Desde entonces no han parado los allanamientos y las detenciones. El jueves en la noche detuvieron a Moreno dentro de su casa, en Aragua. Al día siguiente funcionarios del DGCIM fueron por Antich y Lugo, pero en vista de que no los encontraron en sus viviendas ubicadas en Maracay, detuvieron a Ricardo Antich García, padre, y a Gloria Calderón, madre de Lugo, que fueron liberados después de pasar casi 24 horas en manos de ese cuerpo de seguridad.
“El nuevo patrón de represión de la dictadura se afianza: detener a familiares de personas solicitadas. Ya lo hicieron con un niño de tres años cuando el Conas lo secuestró para presionar a su padre. Ayer lo hizo el DGCIM con la señora Gloria Calderón, madre del teniente Luis Lugo”, indicó la ONG Provea a través de Twitter.
Stella Lugo, hermana de Luis Lugo, denunció que el domingo en la noche una comisión del DGCIM detuvo a su hermano junto con su padre, Luis Lugo Rodríguez, y su cuñada Jokasta Hernández. Los tres fueron llevados a la sede de Boleíta. Luego de 12 horas de detención fueron liberados el padre y la dama. Al mismo tiempo, el Sebin se encontraba en casa de la familia Esqueda y luego de un allanamiento detuvieron al padre y a la esposa de Esqueda, quien se encontraba embarazada y sufrió un aborto debido a la situación violenta, indicó su hermano, Jefferson Esqueda.
“El Sebin amenaza con llevarse a mi sobrina de 7 años de edad si no aparece mi cuñada, con el fin de llegar a mi hermano que no sabemos dónde está”, expresó a través de un video en Twitter.
Ana Leonor Acosta, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, indicó que es peculiar este nuevo mecanismo de persecución. “Las desapariciones forzosas ya no son solo contra los objetivos políticos del gobierno, sino de sus familiares que son sometidos a fuertes interrogatorios para delatar a personas que ni siquiera conocen”, agregó.
Ayer allanaron la casa de la diputada a la Asamblea Nacional y al Parlamento de Mercosur, Adriana Pichardo, quien forma parte del comité de presos políticos de Voluntad Popular.
La parlamentaria relató que funcionarios del DGCIM llegaron al edificio donde vive con su madre, de 74 años de edad, y se identificaron como oficiales del Sebin. Apuntaron al vigilante y lo obligaron a que la mujer le diera acceso al apartamento.
“Este caso rompe el molde. Los liberaron y horas después a alguien de arriba no le gustó y dio la orden de perseguirlos. Hay un miedo y un temor extremo para llegar al punto de vincularme a mí con ellos, simplemente porque atiendo a sus familiares”, indicó. Informó que el juez que dictó la medida también fue detenido. Denunció que con ese procedimiento los funcionarios violaron su doble inmunidad parlamentaria. Informó que el Parlasur se encuentra atendiendo su denuncia.