Familiares del diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, denunciaron su desaparición desde hace más de 120 horas, luego de ser detenido el pasado miércoles, en la residencia de su padre en Caracas, por el Sebin.

A través de un comunicado, informaron que fueron contactados por el parlamentario por el teléfono de una línea de Cantv. Afirman que durante la conversación, Requesens se limitó a comentar su situación y a solicitar implementos de aseo personal. No obstante, desconocen y les preocupa su estado físico, psicológico y de salud, debido a que lo que han visto de él ha sido solo el video difundido en días pasados.

“Queremos señalar enfáticamente que desconocemos bajo qué condiciones Juan realizó esta llamada. Nos parece extraño que a más de 120 horas de su secuestro por parte del Sebin, se nos haya negado cualquier posibilidad de verlo, de constatar su estado físico y que converse con sus abogados”, expresa el texto.

Ante la falta de comunicación, exigieron el derecho a ver y verificar el estado en que se encuentra el ex dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela al que inculparon como implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

Acusaron al gobierno de tenerlo como “rehén”, de utilizarlo y manipularlo “violando su voluntad” para crear matrices de opinión que hacen creer “que se encuentra en perfecto estado y que sus derechos han sido garantizados”.

“Desconocemos y no podemos dar fe de las condiciones físicas, de salud y psicológicas de Juan Requesens, ya que el régimen lo mantiene secuestrado”, expresa el texto en el que señalan que la detención es ilegal y que se trata de una desaparición forzada.

Protesta. El Departamento de Estado de Estados Unidos consideró como ilegal el arresto de Requesens. Paco Palmieri, secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, indicó que se trata del “último ejemplo de una letanía de abusos” que cometen el gobierno de Maduro y el Sebin, a los que acusó por Twitter de hacer caso omiso al Estado de Derecho con el arresto y “retención ilegal” del diputado.


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