Los presidentes de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, y de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, no se muestran optimistas con el nombramiento de Tarek el Aissami como vicepresidente del área económica y titular del nuevo Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Consideran que no habrá cambios sustanciales en la economía y de allí que reiteren sus exigencias: que cese la persecución a los empresarios, se detenga la intervención y las fiscalizaciones de las industrias y los comercios, y atiendan las causas reales de los problemas.
Uzcátegui espera que los nuevos responsables del área económica tomen en serio al sector productivo, sobre todo por los errores cometidos en la implementación de políticas de desarrollo y producción. “El gobierno no entiende que es con el incremento y la estimulación de la producción que se lograrán resultados y no acosando al comerciante ni persiguiendo al industrial como lo ha hecho hasta ahora”, dijo.
Añadió que hay que buscar la manera de brindarle seguridad al productor en todos los niveles. “La persecución existe no solo de organismos gubernamentales, sino de delincuentes que cobran vacuna, que extorsionan y amenazan. Es algo de lo que el gobierno se debe ocupar. Esperamos que esos sean los términos de la revolución económica de la que el presidente habla. Nosotros no somos los responsables de la hiperinflación. Eso viene dado por los errores en las políticas económicas que dicta el mismo gobierno. No es nuestra responsabilidad”.
El cambio de nombre del ministerio no representa nada, afirmó. Sin embargo, aspira a que el gobierno pase de la retórica a la acción dado que el presidente Nicolás Maduro prometió en la juramentación de los nuevos ministros hacer “una revolución económica para construir las bases del bienestar y la prosperidad futura”.
Olalquiaga duda de la revolución económica. “Los niveles de operatividad están condenados por los controles cambiario y de precios, el empobrecimiento de los consumidores, el achicamiento del tamaño del mercado venezolano, la fuga de talento y la falta de Estado de Derecho. Todo ello disminuye la productividad de las empresas. Es un problema demasiado estructural como para que una persona que responde solamente a tratar de generar un poquitico de exportaciones distintas al petróleo, pueda cambiar esto. El cambio que se requiere es profundo”.
Señaló que El Aissami no es un interlocutor válido para reactivar el aparato productivo. “La hiperinflación de Venezuela es un desajuste muy grande causado por un manejo irresponsable de las finanzas públicas: el Estado gasta más de lo que le ingresa por impuestos en general y regalías petroleras. Como ese ingreso no alcanza, el gobierno financia el déficit con la emisión de dinero. Cortar eso significa disminuir de manera importante el tamaño del Estado. Me preguntó si tendrá el vicepresidente del área económica la anuencia de Maduro para reducir el tamaño del Estado. Eso sería un viraje profundo en la forma de conducir el país. Si no tiene esa anuencia, pues no habrá ningún cambio”, argumentó.
Recalcó que para que El Aissami cumpla con tal misión, el Estado deberá negociar con base en dos aspectos que considera inexistentes en Venezuela: Estado de Derecho con separación de poderes para que los que invierten sientan que pueden defenderse, y derecho a la propiedad.
“Ninguna de esas dos cosas existen en Venezuela. En consecuencia, la transferencia de activos hacia inversionistas bajo un gobierno tutelado por Maduro es imposible. Para poder hacer cambios, hay que hablar con el mundo internacional financiero para posibilitar el uso del sistema financiero internacional como mecanismo transaccional, y El Aissami está sancionado por la comunidad internacional. Sin duda no es un interlocutor válido ni nacional ni internacionalmente”, apuntó.