El camino para los presos políticos excarcelados se mantiene nublado. Aún está latente la amenaza de volver a prisión, pues la mayoría de quienes recibieron medidas cautelares el 1° y 2 de junio continúa con expedientes abiertos en los tribunales. De los 38 que salieron de las cárceles, solo Dylan Canache, de 16 años de edad, que estuvo desde enero en El Helicoide y luego enviado a Cochecito, recibió libertad plena.
La gobernadora de Táchira, Laydi Gómez, a quien el gobierno encomendó ser “fiadora” de los presos políticos, junto con los gobernadores Alfredo Díaz, de Nueva Esparta; Ramón Guevara, de Mérida, y Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui, aseguró que la libertad plena, el sobreseimiento de las causas, la figura del indulto y el cese de la persecución política han sido las tres exigencias que se hicieron al presidente Nicolás Maduro en Miraflores. Sin embargo, el gobierno no ha concedido tales peticiones. A la mayoría de las personas que fueron excarceladas les otorgaron medidas restrictivas, como la prohibición de salida de país, y de declarar tanto en medios de comunicación como en redes sociales, así como su presentación cada 30 días en tribunales.
El Foro Penal Venezolano aclaró que lo que ha hecho la asamblea nacional constituyente y la Fiscalía no son liberaciones, debido a que el grupo de excarcelados continúa con expedientes abiertos y en cualquier momento podrían ser detenidos otra vez. Indicó que desde 2014 hasta la fecha son 7.285 personas las que se encuentran bajo medidas cautelares.
Alfredo Romero, director Ejecutivo de la ONG, dijo que hubo manipulación en las cifras anunciadas por el gobierno sobre las “liberaciones” del fin de semana. Confirmó la excarcelación de solo 38 presos políticos, pese a que la ANC, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia aseguran que son 79 personas.
En las listas se incluyó a aquellos que no son presos políticos, entre ellos una mujer procesada por la estafa de venta de vehículos del concesionario La Venezolana y 16 integrantes del colectivo que atacó a Henri Falcón en un acto de campaña, en Catia, el 2 de abril.
Romero informó que hasta la fecha hay 316 presos políticos en el país, entre ellos Virgen Quintanilla, que permanece en la comandancia de Polisur, en Maracaibo, aunque recibió beneficios procesales el 1° de junio. Sin embargo, no le ha llegado la boleta de excarcelación. De esos 3 centenares de personas solo 7 tienen orden de libertad, emitida por un tribunal y no han sido acatadas.
Detrás de los barrotes. Muchos de los presos políticos –de acuerdo con ONG de derechos humanos– se encuentran recluidos en condiciones inhumanas, algunos presentan problemas de salud y han sido víctimas de maltratos, como los 14 policías metropolitanos detenidos en 2002, los 4 estudiantes de la UPEL, Villca Fernández y Lorent Saleh.
Gabriel Valles, activista por los derechos humanos quien fue excarcelado el 2 de junio, confesó que conversó con Delcy Rodríguez, presidente de la ANC, y el fiscal designado por esa instancia, Tarek William Saab, sobre el caso de Saleh, pero la respuesta fue que estaba “comprometido”.
Ese caso también fue mencionado ayer por Patricia Gutiérrez, copresidente de la red Sájarov de Libertad de Conciencia, en la primera sesión de las conferencias por el 30 aniversario del premio Sájarov que entrega el Parlamento Europeo, al que agradeció la presión internacional que ha contribuido a la liberación de prisión de su esposo Daniel Ceballos.
En la intervención exigió al presidente Nicolás Maduro la libertad de todos los presos políticos, incluido Saleh, que recibió el premio Sárajov y se encuentra recluido en El Helicoide. Tiene cuatro años detenido, nunca ha tenido juicio y ha sido sometido a torturas, aislamiento e incomunicación.
Ley de amnistía al Parlamento
Luisa Ortega Díaz, fiscal general, anunció que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía para todos los funcionarios –militares y civiles– que hayan actuado en pro del restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Afirmó que constituye una obligación a las instituciones legítimas crear las condiciones necesarias para que ocurra “el quiebre definitivo de la tiranía”.
Instó a los oficiales de la Fuerza Armada a materializar, “por la vía que sea necesaria”, la restitución del orden democrático. Aseguró su compromiso de reconocimiento, garantías y protección jurídica que ameriten de acuerdo con sus actuaciones.