Evadir control de la AN y mostrarse fuerte fueron objetivos de la emergencia

Los verdaderos objetivos del decreto de emergencia económica fueron políticos y no económicos. En ello coinciden Félix Seijas, de la encuestadora Delphos; Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis, y el politólogo Nicmer Evans, a juzgar por las decisiones del Ejecutivo, los fallos del Tribunal Supremo de Justicia y los indicadores económicos en los primeros 60 días.El texto publicado en Gaceta Oficial establece que durante la emergencia el gobierno procuraría: «Adoptar medidas que aseguren a la población el disfrute pleno de sus derechos y garanticen el libre acceso a los bienes y servicios fundamentales; mitiguen los efectos de la inflación, la especulación, el valor ficticio de la divisa y el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios; y contrarresten las consecuencias de la guerra de precios petroleros».Entre el 15 de enero y el 14 de marzo nada de lo previsto se logró. La realidad ­y la solicitud de una prórroga­ así lo evidencian. En cambio, en el contexto de su vigencia el decreto generó tres sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que alteran las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.Por ello Seijas, León y Evans señalan objetivos subyacentes: evadir el control de la AN, ganar tiempo para preservar el poder, facilitar privilegios a importadores vinculados al gobierno, culpar a la oposición de la crisis y transmitir la imagen de fortaleza. La burla. Desde el 15 de enero hasta el presente el país se ha deteriorado más, sostuvo León. «No diría que es por culpa del decreto, sino que el decreto no ha ayudado a recuperar la economía porque la fuente del problema es el modelo de intervencionismo estatal, de control de cambio y de control de precios. Ninguno de esos aspectos ha sido tocado de manera relevante por el decreto», dijo.Afirmó que el blanco del instrumento legal fue el Parlamento opositor. «El gobierno perdió la Asamblea y con ello la capacidad de volver a aprobar una ley habilitante; entonces sacó el decreto para hacer una curva, para evadir al Parlamento. Lo que persiguen es que la AN no pueda controlar el presupuesto y así tener libertad total de acción. El decreto busca burlar el control y la auditoria de la AN. Más nada», indicó.La primera sentencia de la Sala Constitucional del TSJ derivada del decreto de emergencia económica se publicó el 11 de febrero. En esta el órgano desconoció la decisión de la AN que negó la autorización al Ejecutivo para decretar un estado de emergencia económica. El dictamen pasó por encima de potestades constitucionales y legales, como lo advirtieron juristas.Seijas explicó que los estudios cualitativos y cuantitativos de la firma son tajantes: «Los efectos positivos de la aplicación del decreto no los percibe nadie, ni siquiera los más radicales. En este momento el chavismo representa alrededor de 35% de la población y la oposición 50%. La mitad de los chavistas dice que el decreto no ha tenido efecto por el saboteo de la oposición, y la otra mitad dice que el problema es que Maduro no sabe manejar la situación».En su opinión, la medida excepcional tuvo dos propósitos. «Uno, tenderle una trampa a la oposición: si aceptaba el decreto, traicionaba a sus bases. Si lo rechazaba, se le acusaría de obstaculizar la solución. El otro objetivo fue transmitirle al ala radical que Maduro tiene el control, porque si perciben lo contrario buscarán una opción que suplante a Maduro», señaló.La segunda sentencia del TSJ, en el marco del decreto, derivó de las solicitudes de comparecencia que la AN remitió a ministros del área económica y al presidente del BCV para que explicaran las razones de la emergencia. El 1° de marzo la Sala Constitucional determinó que la facultad de control de la AN se restringe al Ejecutivo, previa coordinación con el vicepresidente; excluyó al ministro de la Defensa de ese control, así como a los miembros del resto de los poderes públicos.El negocio. El politólogo Nicmer Evans, dirigente fundador de Marea Socialista, afirmó que la existencia del decreto, en los términos planteados, no ha dado resultado alguno. «Lo peor es que las decisiones adoptadas hasta ahora se han podido tomar sin un decreto de emergencia. Ello comprueba que lo que subyace es la necesidad de asignar contrataciones de manera directa sin pasar por licitaciones, que es quizá el mejor negocio de un decreto de emergencia», fustigó. Por eso considera preocupante la extensión de la medida por 60 días más.En su opinión, las verdaderas metas del gobierno con el referido instrumento están lejos de las enunciadas en la Gaceta Oficial: «Todas las acciones del gobierno buscan ganar tiempo, no hacer política. Su reto es preservar el poder. El objetivo final es la acumulación mafiosa de capital que se evidencia en que una de las medidas del decreto es mantener a una élite cercana al gobierno con acceso a un dólar a 10 y otro a 200, sin controles de ningún tipo».La tercera sentencia relacionada con el decreto se publicó 17 de marzo, horas después de que la AN negó la prórroga de la emergencia. Esta vez la Sala Constitucional reinterpretó la letra de la Constitución, omitió la decisión del Parlamento y avaló la prórroga por considerar que se mantiene la situación que originó la medida.