La Asamblea Nacional rechazó la precaria situación en la que se encuentran los presos políticos en los centros de reclusión y cuestionó la sentencia del Tribunal de Justicia que prohíbe hablar de la muerte del concejal de Apure, Carlos García, quien falleció el domingo tras permanecer un mes recluido en el hospital central de San Cristóbal, estado Táchira.

“Es responsabilidad directa del Estado garantizar la salud de todos los privados de libertad, pero el gobierno solo sirve para perseguir”, indicó Delsa Solórzano (UNT). “Los usurpadores del TSJ dicen que no podemos hablar del caso del concejal ¿Quién les dijo que vamos a callar?”.

El diputado Luis Lippa (PJ) añadió: “Lo acusaron de los disturbios que el propio gobierno provocó tras anunciar la salida del billete de 100 bolívares. Pretendían que admitiera su culpa para dejarlo salir. Se le negó la atención médica. No importa de qué murió, lo que importa es que el Sebin le negó el derecho a la vida”.

También fue aprobado un acuerdo en rechazo a las condiciones de reclusión y estado de salud del diputado Gilber Caro. Su hermana, Yeidi Caro, denunció que ha presenciado tratos crueles: “No les importa torturarlo frente a nosotros. Pedimos el apoyo de esta Asamblea para conseguir su libertad”. Theresly Malavé, abogada del parlamentario, señaló que a pesar de que la juez exigió su traslado, el director de la prisión se niega a acatarlo y tampoco permite visitas.

ANC «conocerá» el caso. La presidenta de la asamblea nacional constituyente, Delcy Rodríguez, informó en su cuenta de Twitter que la Comisión de la verdad abordará lo relacionado con la muerte de Carlos García, “en aras de determinar la veracidad y se evite la manipulación de información”.


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