Con la mayoría de los países de América y Europa en contra y con la oposición venezolana sin participar se realizan este domingo unas controversiales elecciones presidenciales. Tres candidatos aparecen como principales figuras: Nicolás Maduro, como representante de un chavismo que tiene casi 20 años en el poder, Henri Falcón, que le dio la espalda a la Mesa de la Unidad Democrática, y Javier Bertucci, que ha usado su pensamiento religioso como estandarte.

La desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) se desbordó luego de las elecciones de la asamblea nacional constituyente, realizadas el 30 de julio de 2017, en medio de protestas antigubernamentales, muertes y represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Las bases comiciales, entregadas por Maduro y que establecieron una votación sectorial y territorial, violaron el principio de universalidad del voto; así lo denunció tanto la Asamblea Nacional como figuras disidentes del chavismo: la fiscal Luisa Ortega Díaz o la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez.

Empeoró la imagen del Poder Electoral el hecho de que Smarmatic, empresa que suministraba las máquinas de votación, afirmara que no podía garantizar los resultados de la constituyente porque la data pudo haber sido manipulada. Tibisay Lucena, presidenta del CNE, anunció que en dicha convocatoria participaron 8 millones de venezolanos; sin embargo, Antonio Mugica, director de la compañía, advirtió que existiría una diferencia de 1.000.000 de votos menos.

Hay un antes y un después de la instalación de la asamblea nacional constituyente: a partir de ese momento los líderes de la oposición se han dedicado a desconocerla como institución y a promover solo el reconocimiento de la Asamblea Nacional, electa en 2015, como órgano legislativo, el cual ha sufrido el asedio del oficialismo a través del Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada y los colectivos violentos pro gobierno.

En un intento por no perder espacios de poder, la MUD llamó a participar en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre de 2017, a pesar de que estas fueron convocadas por una constituyente que han tildado de ilegítima.

El golpe no pudo ser peor. Lucena, pasadas las 10:00 pm, informó que la alianza de la oposición había obtenido apenas cinco mandatarios regionales frente a 18 del Gran Polo Patriótico. Previamente Gerardo Blyde, quien fungió como jefe de campaña de la oposición, había señalado que su equipo tenía información diferente a la que iba a anunciar el CNE.

Tras el comunicado oficial, el ex alcalde de Baruta expresó: «Ni Venezuela ni el mundo se creen el cuento que nos echaron. Hemos solicitado a los comandos regionales que verifiquen todo el proceso, que se audite todo, incluso en los estados que declararon como ganadores a los candidatos de la Unidad». Denunció que varios centros no abrieron a la hora estipulada, el irrespeto del lapso de sustitución de candidatos y la reubicación de 274 centros de votación, medida que afectó a más de 700.000 ciudadanos.

Con el argumento de que no podían participar en un fraude, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular decidieron no inscribirse en las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017. Sí acudieron Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Copei y el MAS. El oficialismo obtuvo 306 alcaldías ante 25 de los partidos opositores.

En medio de este escenario, con los líderes principales de la oposición presos, inhabilitados o exiliados, llega una elección presidencial, también convocada por la asamblea nacional constituyente, desconocida por los países que integran el Grupo de Lima y la Unión Europea, comunidades internacionales que han decidido reconocer al Parlamento electo en 2015.

En las calles se escuchan las dudas entre la población, agobiada por la escasez de alimentos y medicinas, la crisis de transporte, la inseguridad y las fallas de electricidad y agua. “Yo de pana no voy a votar”, dice un conductor de transporte. Otros consideran que sería una manera de cambiar la situación. “Voy a votar por Falcón. Alguien tiene que arreglar esto”, señala Ana Muñoz, una pensionada de 72 años.

El panorama sigue siendo opaco, con líderes nacionales e internacionales pidiendo más sanciones contra el gobierno de Maduro; mientras Falcón, que perdió la Gobernación de Lara en octubre del año pasado, no da señales de querer retirarse. Otras figuras, como María Corina Machado o Antonio Ledezma, se han volcado a llamar a la desobediencia para el 20 de mayo.

La propia Ortega Díaz, que ahora es una disidente chavista, llama a no convalidar un fraude. “Los venezolanos no deben convalidar la estafa electoral prevista para este domingo. La decisión de no votar es un acto de rebeldía con el que los ciudadanos ratificarán al mundo que en Venezuela no hay democracia”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

El 20 de mayo, sean las elecciones ilegítimas o no, podría definirse el futuro de los próximos 6 años en Venezuela, aunque Maduro advirtió en su cierre de campaña que están en juego 30 años.

¿Será el país una sociedad socialista al estilo de Cuba o la Unión Soviética, volverá a la democracia bipartidista o vendrá un nuevo orden que impida el establecimiento del totalitarismo?


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