A medida que se agudiza la crisis económica y social en el país, crece la represión y la criminalización de la protesta pacífica por parte del gobierno, asegura Provea. La ONG denunció que en lo que va de año han contabilizado 750 casos de inicio de procesos judiciales contra ciudadanos detenidos en protestas por comida y servicios públicos.
Inti Rodríguez, director de la ONG, alertó que el Estado continúa estigmatizando y criminalizando a quienes exigen mejoras de calidad de vida y garantías de sus derechos. Denominó a los arrestados como “presos del hambre”, pues la mayoría ha sido aprehendida en manifestaciones pacíficas por falta de alimentos.
Indicó que la mayoría de las 750 personas detenidas tiene expedientes abiertos en los tribunales y 60 de ellas han sido procesadas en tribunales militares, lo que, a su juicio, es una violación al debido proceso. Reveló que en Caicara del Orinoco fueron detenidos 60 ciudadanos que, denunció, fueron incomunicados y objeto de tratos crueles humanos y degradantes.
Así también advirtió que la Dirección de Contra Inteligencia Militar ha tomado un papel represor este año, pues ha sido el organismo de seguridad que ha desarrollado las detenciones de militares y ha sido acusado de amenazar y hostigar a sus familiares.
“Esa situación va a seguir en aumento por la indolencia y la incapacidad del régimen de responder a las exigencias de los ciudadanos. Las detenciones por hambre van a ir escalando, mientras la respuesta de Maduro sea la represión”, advirtió desde el salón Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela.
En esa sala se inauguró la campaña Libérenlos, que promueven la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, junto con 11 ONG que hacen vida en el país, entre ellas: Provea, Foro Penal, Un Mundo sin Mordaza, el movimiento estudiantil, Cedice, junto con Human Right Watch y otras organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
La iniciativa, que también se inició ayer en Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, busca concientizar sobre la situación de los presos políticos para lograr su libertad plena, a través de foros públicos dirigidos por organizaciones de la sociedad civil en las comunidades y universidades del país. “En comparación con otros países, la situación de los presos políticos en Venezuela es la más aguda de la región”, expresó Rolan García, representante de la Red.
Detrás de rejas. Durante la actividad, Alfredo Romero, director del Foro Penal, informó que hay 302 presos políticos en el país, entre ellos 9 adolescentes y 2 con boleta de libertad. Dijo que solo en 2018 han registrado 219 presos por razones políticas.
Aclaró que el gobierno ha excarcelado a través de la asamblea nacional constituyente solo a 52 personas, de las cuales 18 se originaron el 1º de junio y el resto el día siguiente.
Añadió que las últimas condonaciones se desarrollaron el miércoles en la noche, cuando liberaron a cinco directivos del consorcio Credicard. Las personas permanecían detenidas en la sede del Sebin en El Helicoide, pese a que tenían boleta de excarcelación emanadas por el tribunal que lleva la causa desde el 6 de abril, pero dicho organismo policial se negaba a acatarlas.
Reiteró su advertencia sobre el efecto “puerta giratoria”, que consiste en excarcelar a algunos presos políticos, pero detener a una cantidad mayo. Tal como ocurrió ayer, en menos de 24 horas de la liberación de los cinco directivos de credicard, el Ministerio Público anunció la aprehensión de seis personas vinculadas a la red de farmacias Farmatodo.
“Por un lado, unos presos políticos salen físicamente y entran o encarcelan a otros; estamos quedando en las mismas”, agregó. Calificó de irregular que sometan a los detenidos a firmar un cuaderno en la ANC para poder obtener la excarcelación.
Exigió al gobierno difundir las listas con nombres y apellidos de los excarcelados. Alertó que existe una lista de 400 supuestos presos políticos, de los cuales 101 están fuera de las cárceles. “No publicaron más listas porque no quieren que salga a la luz pública que están incluyendo personas excarceladas y presos comunes para inflar las cifras”, agregó.
Constituyente investigará a ONG
Delcy Rodríguez, presidente de la ANC, solicitó al Ministerio Público designar fiscales para atender casos de supuesta extorsión de la que habrían sido víctimas los presos políticos.
Aseguró que los presos políticos confesaron que fueron “pagados y usados” para generar violencia. También responsabilizó a una ONG –que no mencionó– de extorsionar a familiares de los reclusos. Añadió que investigarán esas denuncias.
Rodríguez informó que han excarcelado a 80 personas (20% mujeres) que fueron apresadas por su “vinculación a hechos violentos con fines políticos”. Afirmó que 95 % no había sido condenado.
Operaron al general Ángel Vivas
El general Ángel Vivas, preso político excarcelado el 1° de junio, fue sometido el miércoles a una cirugía de la próstata y a la extracción de tres hernias en el área abdominal. Su esposa, Victoria Estrella, dijo que las lesiones fueron causas de las patadas que sufrió por parte de funcionarios del Sebin.
Indicó que el general, que fue detenido en abril de 2017, también padece de la columna. Su hija Angélica Vivas denunció el año pasado que su padre padecía de fracturas en dicha parte del cuerpo que requería atención médica urgente, pero eso no ocurrió. Indicaron que el daño pudiera ser irreparable por falta de medicación a tiempo.