El silencio que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro desde que se le allanó la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó, muestra la incapacidad de consumar su detención y el terror que siente de que dicha acción se convierta en una maniobra mortal, aseguraron Nícmer Evans, politólogo y disidente del chavismo, y Daniel Arias, analista político.
El Ejecutivo comenzó un contraataque contra el presidente interino el pasado 21 de marzo, cuando detuvo al jefe de su Despacho, Roberto Marrero. El 28 de mismo mes lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, y luego de 5 días, el 2 de abril, la asamblea nacional constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, y autorizó al Ministerio Público para que iniciara un proceso de investigación. Han transcurrido 23 días y aún la cúpula gobernante no ha llevado a cabo la detención.
A juicio de Evans, el gobierno chavista-madurista se encuentra acorralado lo que lo hace actuar como una fiera herida que aparenta ferocidad, cuando en realidad se encuentra en una situación de riesgo, verdaderamente afectado y débil, por lo que mantiene amenazas permanentes y persecuciones contra el presidente encargado y su entorno.
“Este es el momento más débil que ha existido desde el punto de vista del poder, de la institucionalidad y del contexto internacional, de todo el régimen chavista-madurista. Por eso las amenazas en función a la detención de Guaidó termina siendo solo eso, amenazas”, aseguró.
Resaltó que si el Ejecutivo, que de acuerdo con la Asamblea Nacional usurpa funciones, hubiera querido detenerlo ya hubiera llevado a cabo la acción, en vista de que el parlamentario realizó una gira internacional obviando la prohibición dictada por el TSJ y continúa ejerciendo funciones ejecutivas.
“Guaidó se ha convertido en una pieza demasiado importante como para ser atacada de manera directa; más allá de la inmunidad parlamentaria, tiene una inmunidad política como consecuencia de su liderazgo que, por supuesto, es frágil, por el terrorismo de Estado, pero que es sólido desde el punto de vista político”, agregó.
Para Arias, las acciones pasadas fueron el anticipo de una jugada política con el objetivo de pretender desbaratar la presión internacional que han ido incrementando los países aliados al mandatario encargado para generar la salida de Maduro.
Explicó que el gobierno detendrá a Juan Guaidó solo como última opción: “Para decapitar a la unidad de mando de la oposición forjada a su alrededor, para dejar a la opinión pública opositora huérfana de liderazgo”.
Añadió: “No lo han apresado por temor a una respuesta violenta tipo militar de los estadounidenses, por ello tienen guardada su aprehensión hasta que no se produzca una situación irreversible como la detención de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela o la llegada inminente de tropas con la ayuda humanitaria”.
Los politólogos no descartaron que continúen las acciones represivas y la persecución en contra de cualquier ciudadano que se sume a la ruta de la oposición, que incluye el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, como pasó el 12 de abril con los trabajadores del Banco Central de Venezuela que se reunieron con Guaidó.
“Lo sorprendente es que, a pesar de la persecución, la gente quiere reunirse con él y los detenidos se mantienen firmes en su posición; eso deja en evidencia que hay una importante capacidad de compromiso y se está consciente del riesgo que se corre en la búsqueda del retorno de la democracia”, sentenció Evans.
¿Es legal el proceso de investigación?
La Sala Plena del TSJ solicitó a la ANC el 1° de abril que allanara la inmunidad del legislador y al Ministerio Público que diera inicio al proceso de investigación. “La Sala Plena está actuando inconstitucionalmente, por lo que esa solicitud o autorización es irrita y nula”, dijo el abogado penalista, Joel García.
Explicó que debido a que Guaidó goza de inmunidad, el procedimiento no es el adecuado: es el MP, titular de la acción penal y director de cualquier investigación, el que debe presentar un informe ante la Sala Plena del TSJ en el que declara que existe méritos para enjuiciar y el máximo tribunal debe solicitar el allanamiento de la inmunidad al Parlamento legítimo, único órgano que tiene potestad y facultad por mandato del artículo 200 de la carta magna y 24 del Reglamento de Interior y Debate de la AN, para allanar la inmunidad de cualquier parlamentario.
“La cuestión no es la investigación sino quién la está autorizando y cómo se está autorizando, que es lo inconstitucional y, por ende, todo lo que se derive de ello es nulo de toda nulidad. Si la forma de investigar y de allanar su inmunidad es totalmente inconstitucional, todo lo que se derive de ello es inconstitucional”, puntualizó.