En cinco años el gobierno ha fortalecido la instauración de un sistema totalitario en Venezuela, afirman abogados. Señalan que desde 2013 el presidente Nicolás Maduro inició las maniobras para consolidar el objetivo de su antecesor: perpetuarse en el poder.
El próximo 10 de enero se inicia un nuevo período constitucional del mandatario, cuya legitimidad está cuestionada. Pero llegar a esa fecha y gobernar hasta 2025, el gobierno junto con las instituciones del Estado ha trazado un camino libre de obstáculos y de opositores que desencadenó en unas elecciones presidenciales adelantadas, en las que el mandatario resultó reelegido, a pesar de las denuncias de irregularidades y del mayor porcentaje de abstención en la historia democrática del país.
Para los abogados Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia; José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional; Marino Alvarado, coordinador de Investigaciones de Provea, y Juan Manuel Rafalli, abogado constitucionalista, el gobierno de Maduro ha continuado la política de control institucional del presidente fallecido Hugo Chávez.
Haro indicó que desde 2013 el Ejecutivo y el Legislativo fueron desmontando la Constitución de 1999 para consolidar un modelo socialista-comunista. Explicó que en ese momento acabó la etapa de control que presidía Chávez y comenzó la construcción de una dictadura, que pasa a ser totalitaria el 5 de agosto de 2017 con la instalación de la asamblea nacional constituyente.
Desde el primer momento Maduro inició su andamiaje, designando y destituyendo a funcionarios que no eran de su confianza, por ejemplo, Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo de Chávez, explicó Daniels. “Lo que hizo fue utilizar las instituciones que ya tenían controladas, para mantener y aumentar el estado de represión que había establecido Chávez. A partir de allí comenzaron sus maniobras para cimentarse en el poder”, expresó.
“Con el gobierno de Maduro se fortaleció una tendencia que ya había empezado con Chávez, de deteriorar la institucionalidad democrática, castrarle su autonomía y ponerlas al servicio del Poder Ejecutivo, usar las instituciones para instrumentalizar la persecución política a los opositores”, manifestó Alvarado.
Control violento. Un año después de haber iniciado su gestión, puso en manifiesto otro de los síntomas de un gobierno totalitario: la represión y la persecución contra los opositores.
En 2014 comenzó a quitar de su camino a dirigentes de la oposición; el primero fue Leopoldo López, a quien enviaron a la cárcel a través de un juicio irregular y político, que tiempo después denunció la propia juez que lo imputó.
Con ayuda de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría, Maduro ha dejado a su contraparte política debilitada, con decenas de dirigentes perseguidos, en el exilio, presos e inhabilitados.
Haro señaló que desde ese año la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el TSJ, junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han contribuido al desmontaje del Estado constitucional al permitir, tolerar y perpetrar graves violaciones de los derechos humanos, que han cobrado vida manifestantes y presos políticos.
En el primer año de gobierno de Maduro hubo 101 inhabilitaciones; luego en 2014 registraron 48 y en 2015 fueron 375 las personas inhabilitadas, 381,25% más que el año anterior, de acuerdo con el registro de Acceso a la Justicia. La mayoría de las invalidaciones fue en contra de dirigentes regionales que tenían mayor potencial de ganar elecciones en sus regiones.
En 2015 la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo la mayoría de absoluta de los curules de la Asamblea Nacional, pero días antes de iniciar su período, el TSJ emitió una sentencia en la cual inhabilitaron a tres diputados de Amazonas y solicitaron al Consejo Nacional Electoral información sobre los resultados en la región. A la fecha, ninguna de las rectoras del ente electoral ha dado respuesta a la solicitud y los diputados se encuentran en el limbo. Desde entonces el Tribunal Supremo ha emitido 83 sentencias en contra del Parlamento, con el fin de despojarlo de sus funciones legislativas y contraloras para atribuírselas a otros poderes. Para los abogados esto constituye un golpe a la democracia, pues el Legislativo es el único poder elegido por voto popular.
El máximo tribunal, basándose en una tesis de desacato de la AN, ratificó a los rectores del CNE y además le dio a Maduro la potestad de aprobar estados de excepción, que en los dos últimos años han sido más de 16.
“El Tribunal Supremo de Justicia ha sido un pilar fundamental, el artífice de esta asunción de los poderes que no debería tener el Ejecutivo, pero a través de sus sentencias lo ha avalado”, agregó Daniels.
Alvarado denunció que con el control casi total del Poder Público, el gobierno creó un estado de indefensión de los ciudadanos frente a los abusos del poder, las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos.
Cuatro años de sentencias
2015
La sentencia Nº 260 del 30 de diciembre, dictada por la Sala Electoral del TSJ, suspende los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los tres diputados elegidos en Amazonas, en clara afectación de la función organizativa de la AN, su funcionamiento y la discusión de los temas que requieren las 2/3 partes de aprobación.“Esta sentencia, que amarra a la AN a un supuesto desacato, tiene más de la mitad del período constitucional del Legislativo y no se ha resuelto porque es la excusa para que no cumpla con el papel que le corresponde”, dijo Juan Manuel Raffalli.
2016
Se emitieron 37 sentencias que menoscabaron el funcionamiento de la AN. Entre las más las destacadas está la del 7 de enero, fallo N° 1, cuando el TSJ impone la figura del desacato a la AN por juramentar a los diputados de Amazonas. La sentencia N° 225 de la Sala Constitucional anuló el acuerdo para revocar la designación de magistrados de diciembre de 2015, calificada como “exprés”. La N° 7 afecta la función contralora del Parlamento, al aprobar la prórroga del estado de excepción, que aún se mantiene, y otorgarle potestades legislativas en materias socioeconómicas al presidente.
2017
En 33 oportunidades el máximo tribunal falló en contra de la AN, violando los derechos civiles y políticos tanto de sus diputados como de los electores. Según Acceso a la Justicia, 16 decisiones afectaron las funciones legislativas y otras 9, las atribuciones contraloras. En abril de este año, el TSJ despojó totalmente al Parlamento de sus funciones, con las sentencias 155 y 157, en las cuales ordenaron al Ejecutivo revisar la legislación penal vigente para poder ejercer acciones contra los diputados. Hasta la fecha son alrededor de 13 parlamentarios que han dejado su labor debido a la persecución.
2018
Este año el Tribunal Supremo ha cesado su accionar en contra de la Asamblea Nacional, solo en tres oportunidades ha dictado sentencias en su contra. Dos fallos han sido de la Sala Constitucional que han afectado la labor legislativa del Parlamento, en una de ellas, en respaldo del estado de excepción decretado por el presidente el 20 de septiembre. La última proviene de la Sala de Casación Penal, en la cual piden a Colombia la extradición del diputado Julio Borges –quien se encuentra en ese país como refugiado– por presunto encubrimiento de homicidio de un menor de edad.
LA CIFRA
101 inhabilitaciones políticas hubo en el primer año de gobierno de Maduro, en 2014 se registraron 48 y en 2015 fueron 375 las personas inhabilitadas, 381,25% más que el año anterior.