El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes denunció que de manera progresiva, desde el año 1999, a los venezolanos les han violado el derecho a la participación política, a través de paquetes de leyes inconstitucionales y otras formas de abuso de poder del Estado.
En su último informe publicado ayer determinaron que con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente, que hizo el presidente fallecido Hugo Chávez, se iniciaron los ataques contra tal garantía que consideran inherente a los derechos humanos y que se ha venido conculcando de manera sistemática, al punto de desconocer la voluntad de los ciudadanos; por ejemplo, cuando nombran autoridades paralelas a las de funcionarios escogidos por elección popular.
Describen que entre las acciones ejecutadas por el gobierno, que evidencian el resquebrajamiento del derecho a la participación política, se encuentran las siguientes: la lista Tascón, en el año 2002, y la intervención del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial, así como el ventajismo, la manipulación y la falta de garantías electorales que, junto con los ataques en contra defensores de los derechos humanos, engrosan la lista de obstáculos impuestos a la participación de los ciudadanos en la vida pública nacional.
“El uso ilícito e ilimitado del poder del Estado para controlar otros poderes y la restricción de la participación ciudadana son algunos de los casos que evidencian la violación a este derecho, que es inherente a la dignidad humana y constituye uno de los pilares fundamentales para el ejercicio de los demás derechos humanos”, expresan en el documento.
El ODH-ULA recomendó al Estado venezolano respetar el mandato constitucional contenido en el artículo 62 de la carta magna sobre la participación ciudadana, lo establecido en los artículos 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos relativos al derecho a la participación, la autonomía e independencia de los poderes Judicial, Legislativo y Electoral.
Exigió al gobierno garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y de asociación. También exhortaron a respetar la autonomía de los funcionarios elegidos por votación popular, la actividad de los defensores de derechos humanos, así como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos internacionales en esa materia.