La defensa del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, denunció que a las irregularidades que arropan la causa se suma que el Tribunal 1° de Control, con competencia en delitos de terrorismo, fue constituido de manera ilegal, pues quien fungió como secretario no es abogado lo cual viola el artículo 500 del Código Penal Procesal.
Joel García, abogado del parlamentario, afirmó que debido a esa violación la audiencia preliminar, celebrada el 11 de agosto, debe ser anulada; por tanto, exigió su liberación inmediata.
Explicó que una de las tres personas que constituyó la corte es pareja de la juez, no está colegiada y tampoco se encuentra registrada en el Instituto de Previsión Social del Abogado, y de esta manera incurre en usurpación de funciones. “A Requesens se le está acusando por una audiencia excepcional y no por un juez natural, como debe ser”, añadió.
García indicó que aún no han recibido el acta argumentativa, a pesar de que el 28 de septiembre se venció el plazo para que el tribunal notificara a la defensa sobre los delitos por el cual acusan al diputado.
“En definitiva, este caso no cuenta con un juicio previo ni con un debido proceso. Fue presentado, pero no ante un tribunal; quizá ante una reunión familiar que nosotros no sabíamos”, expresó el abogado.
Urgencia
Durante la rueda de prensa, familiares de Requesens, imputado por estar presuntamente involucrado en el caso del magnicidio al presidente Nicolás Maduro, manifestaron su preocupación por la salud del parlamentario, quien desde hace dos semanas padece de una infección dental que, por falta de atención médica, le generó un edema facial y corre el riesgo de que la enfermedad avance y se convierta en una ostiomielitis, indicó Juan Requesens Grúber, padre del diputado.
Calificó la inasistencia médica como una forma de tortura física, debido a que el parlamentario sufre de dolor agudo e inflamación en la cara y no ha sido medicado ni trasladado a un especialista.
“Mi hijo tiene una infección en la cara. Cómo médico digo que entre los cuatro dolores más agudos que pueda tener una persona está el dental. Tener a un ser humano con dolor y sin atención adecuada viola el artículo 46 de la Constitución, que establece que nadie puede ser sometido ni a vejaciones ni a tortura”, agregó.
La fiscal destituida por la asamblea nacional constituyente, Luisa Ortega Díaz, informó que ayer solicitó a la Cruz Roja Internacional que inste al gobierno a brindarle la atención sanitaria requerida al parlamentario.