La defensa del diputado Juan Requesens, detenido el martes 7 de agosto por participar en el atentado contra el presidente Maduro, aseguró que “está en marcha una condena sin juicio” y denunció que los abogados no han tenido acceso a las actas del proceso, y que al legislador no se le ha permitido la visita de sus defensores ni de sus familiares.
“Sabemos que el presidente ya lo condenó a priori; sabemos que ya hay una condena sin un juicio previo, sin el debido proceso, que está ya en marcha, pero nosotros necesitamos tener acceso a las actas. Necesitamos hablar con Juan”, indicó el abogado Joel García.
El defensor, que ofreció estas declaraciones desde el Sebin junto con familiares del diputado, dijo que ya han transcurrido 23 días (hasta ayer) desde la detención de Requesens y la defensa no ha podido tener acceso al expediente. “La estrategia de la defensa es casi nula por cuanto no sabemos qué obra en su contra, más allá de lo dicho por el presidente y su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez”, señaló.
Dijo que cuando intenta visitar a su defendido los funcionarios le indican que “por órdenes superiores” tiene prohibida esta visita lo cual es un atropello a la Constitución, señaló.
Familiares de Requesens aseguran que la vida del diputado está en riesgo, pues depende de un tratamiento médico al que tampoco ha podido tener acceso. Su hermana Rafaela Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela,denunció que oficiales del Sebin niegan el acceso de parientes que intentan entregar comida y medicinas al parlamentario. “Ya son 23 días sin poder ver a Juan, sin que su familia sepa en qué estado de salud se encuentra”.
Reiteró que el parlamentario es paciente bariátrico y las condiciones en las que se encuentra detenido ponen en riesgo su salud. “Mi mamá viene todos los días a traerle la comida a Juan y la dejan esperando hasta cuatro horas. Mi hermano tiene que cumplir una dieta estricta, y debe consumir suplementos y vitaminas. Y hoy no nos dejan entregar esos medicamentos. La vida de mi hermano pende de un hilo. En dos o tres meses, Juan podría no estar acompañándonos físicamente”.
Exigieron justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el caso de Requesens. En un comunicado, el organismo recordó que al parlamentario le fueron imputados cargos por litigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración en contra del presidente Maduro, homicidio calificado por motivos fútiles en contra del Alto Mando Militar y las personas que se encontraban presentes, así como terrorismo y posesión ilegal de armas y explosivos.
Destacó que se han denunciado irregularidades: la detención, investigación y procesos iniciados contra los diputados. “Las investigaciones y procesos que se sigan contra ellos deben respetar el debido proceso y las garantías judiciales. Esto incluye el acceso efectivo a su defensa jurídica y una participación directa en el hecho”, destacó Francisco Eguiguren, relator de la CIDH para Venezuela.
“La Comisión rechaza todo acto de violencia y urge al Estado a llevar a cabo la investigación sobre los hechos del 4 de agosto, con la debida diligencia, de manera seria, transparente, independiente e imparcial. La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación”, indicó.
Aseguró que el Estado está obligado a brindar un trato digno al parlamentario de acuerdo con los estándares interamericanos sobre privación de libertad, y solicitó que se realice una investigación transparente sobre el presunto atentado.