El Estado de Alarma que el presidente encargado, Juan Guaidó, decreta para hacerle frente a la emergencia generada por la caída del sistema eléctrico nacional tiene objetivos claros, de acuerdo con lo que se establece en la Constitución. Sin embargo, para los expertos constitucionalistas Juan Manuel Raffalli y José Vicente Haro, también busca cumplir un fin político: enviarle otra vez el mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que asuma su papel constitucional y ayude a la transición.
Si bien es cierto que la carta magna establece claramente que el objetivo de un Estado de Alarma es conseguir la solución definitiva del problema que lo origina, en este caso resolver la emergencia eléctrica, también es cierto que el presidente encargado tiene pocos recursos a su favor para acometer los trabajos que hacen falta en esta materia. Sin embargo, el decreto le hace un llamado claro tanto a los componentes castrenses como a los organismos de seguridad del Estado, que ellos deben responder.
“También hay que tomar en cuenta que para la población es un mensaje bastante positivo el que Guaidó se avoque a buscarle soluciones al problema que nos está afectando a todos. En este sentido, es obvio que la gente va a entender que el presidente encargado está tratando de hacer algo, y eso es bueno”, indicó Raffalli. Sin embargo, el constitucionalista ve muy poco probable que el objetivo en la práctica pueda ser alcanzado. “La idea es que se erradiquen las condiciones que crearon ese estado de alarma, pero dadas las circunstanciasactuales, lo vemos poco factible. Todavía queda por resolver la variable militar”.
En esto coincide con Haro, que considera que el decreto, completamente oportuno y constitucional, es un mensaje simbólico de que el nuevo liderazgo trata de hacer algo, y es allí donde ve el peligro. “Los ciudadanos pueden al principio entender ese mensaje positivo, pero a la larga me temo que pudiera generar más frustración, algo parecido a lo que sucedió con la ayuda humanitaria, muchas expectativas y luego mucha frustración”.
Haro no duda en calificar como procedente la declaratoria de Estado de Alerta, pues considera que es una función obvia para el presidente de la república en las actuales circunstancias. Sin embargo, para que ese decreto sea exitoso, hay un gran condicional, y es que efectivamente Guaidó tenga el control del poder en su totalidad, incluyendo el comando de las fuerzas armadas.
“El mensaje a las fuerzas armadas para que se sumen al cambio y a la transición se ha estado intentando desde el 15 de enero, cuando se aprobó la Ley de Aministía, que no dio los resultados esperados. Luego, se volvió a enviar el mismo mensaje el 23 de enero, con la juramentación de Guaidó, que es efectivamente el presidente encargado. La tercera ocasión fue con la ayuda humanitaria. Entonces ahora veo este decreto con una finalidad práctica y una política, que es conseguir el apoyo definitivo del sector castrense”, explicó Haro.
La emergencia eléctrica requiere una serie de acciones que el régimen de Nicolás Maduro no está acometiendo y que el decreto de Estado de Alarma enumera de manera correcta, consideran los especialistas, pero la solución también pasa por conseguir ese objetivo político.