La declaratoria de Nicolás Maduro como usurpador del cargo de presidente de la República es un asunto en el que han logrado coincidir todos los factores de oposición, lo que no ocurría desde hace mucho tiempo. Es también un punto de partida para definir una carta de navegación que lleve al país a la transición y a posteriores elecciones.
Politólogos y constitucionalistas consideran que se trata de un primer paso. Algunos lo califican como sopesado y otros como el principio de una serie de acciones que debe desencadenar un cambio definitivo en el país.
Para el ex magistrado Perkins Rocha es muy importante que se haya establecido con claridad la naturaleza del delito que comete Nicolás Maduro: “Está ejerciendo un cargo para el cual no fue elegido. Ese es un delito del cual tiene que encargarse y se encargará la justicia. Esta declaración es un paso jurídico, pero más que todo político, fundamental, antes de la transición”. Afirma que la declaratoria de ilegitimidad de Maduro tiene además una lectura importante y es que sobre ella coinciden todos los sectores de la oposición; no hay discusión sobre este punto.
El analista político Félix Seijas califica la declaratoria como un mensaje comunicacional muy claro de parte del único órgano que goza de legitimidad, por haber surgido a partir de unas elecciones limpias y reconocidas a escala nacional e internacional. “Tiene un efecto muy importante dentro y fuera; estamos diciendo claramente que el poder está usurpado”, señaló.
En esto coincide el constitucionalista Juan Manuel Raffalli: “Este acuerdo de declaratoria de usurpación le da un mensaje claro a la comunidad internacional de que no se trata de una cuerda de locos que actúan sin pensar, sino que hay un plan”.
El analista político Jesús Seguías insiste en que desde los acuerdos para las elecciones parlamentarias de 2015 no había habido un acto de coordinación y enfoque como el que se dio en la sesión parlamentaria del martes. “Esta declaratoria de usurpación implica una unidad de criterio que teníamos tiempo que no veíamos y eso es muy alentador”, afirmó.
El especialista en Derecho Constitucional José Vicente Haro considera que la declaración es netamente política. Coincide en que se trata de un punto de partida, pero que debe tomarse con los pies sobre la tierra, pues lo que podría parecer un fin último es apenas un primer paso. La declaración de ilegitimidad del mandato de Maduro es el encabezado de una serie de medidas e intenciones. “No se trata de una solución en sí, como muchos podrían estar pensando. A partir de esta declaración se deben poner en marcha mecanismos que no necesariamente son expeditos y que pueden llevar años”.
Lo que viene después
Sobre los demás acuerdos y los pasos que siguen hay varias interpretaciones. Haro insiste en hablarle claro a la ciudadanía, pues considera que el camino que tomó la Asamblea Nacional se terminaría de recorrer a mediano plazo; no hay solución inmediata. “La declaración de ilegitimidad es el encabezado de una lista de intenciones, cuyo punto de gravedad está en lograr convencer al estamento militar de que retire el apoyo a Maduro y se lo dé al Parlamento. Eso puede llevar tiempo y trabajo legislativo, de redacción de leyes y garantías. Hasta tanto eso no se dé, no podemos hablar de transición”.
Rocha considera que a partir de la usurpación debió, además, establecerse que hay un vacío en el cargo que debe resolverse de inmediato. “La transición es el otro punto en el que toda la oposición se va a encontrar, va a coincidir, pero lo que ocurra a partir de esta declaración hasta allá puede tomar varios caminos. El que escogió la Asamblea es muy tortuoso y largo, y lo que yo espero que ocurra de aquí al 23 de enero es que Juan Guaidó construya el apoyo necesario para que dé el paso definitivo de asumir la vacante y desencadenar los hechos que nos lleven a la transición”, indicó.