Pese a las denuncias que se han realizado sobre presuntos hechos de corrupción en empresas del Estado y de los señalamientos respecto a ilícitos en operaciones con moneda extranjera, la debilidad institucional del país limita los procesos contra el presidente Nicolás Maduro y su entorno. “Sin controles se favorece la corrupción y la impunidad”, dijo la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza.

Añadió que desde el TSJ se han frenado las investigaciones como ocurrió en 2016 con Pdvsa, cuando se obstaculizó el proceso parlamentario a Rafael Ramírez. Louza recordó que el Ministerio Público solo avaló el caso cuando hubo la orden política: “Aquí solo hay corrupción cuando el gobierno lo dice”.

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, dijo que la lista de investigaciones por presunta corrupción debe comenzar por Maduro e incluir a quienes firmaron contratos para la adquisición de bienes y servicios importados, y los contratos gigantescos para obras de viviendas, entre otros. Destacó que para 2015, 99% de los alimentos comprados eran extranjeros: “En la situación del país cada dinero cuenta y no se puede favorecer la impunidad”.

Afirmó que con la actual coyuntura no existen señales de que en el país se adelantara una investigación como la que se ha hecho al presidente peruano.

“La investigación judicial sobre los sobornos de Odebrecht y la presión ciudadana no se detuvo y fue una de las causas de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario solo es señalado de haber recibido 782.000 dólares, cuando funcionarios de la empresa aseguran que entregaron a Nicolás 35 millones de dólares”, señaló.

De Freitas sostuvo que en el país hay un Estado controlado y solo podría ocurrir una investigación independiente si se retoma el camino del Estado de Derecho: “El financiamiento de la política se convierte en corrupción cuando las personas llegan al Estado. Se requiere de separación de poderes para investigar las denuncias sobre corrupción; Maduro no ha rendido cuentas, no ha presentado una explicación, tampoco se sabe de dónde salieron los recursos para su campaña. ¿Por qué no ha fijado posición la Fiscalía, dedicada a los hechos de corrupción en Pdvsa, así como la Contraloría General de la República y el CNE?”, se preguntó.

Sin autonomía. El presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano, informó que en los próximos días viajará a Brasil para solicitar copia certificada de las declaraciones que relacionan a Maduro y su entorno con la corrupción de Odebrecht. En el caso, también salió a relucir que la constructora entregó 11 millones de dólares al publicista Joao Santana para la campaña de Hugo Chávez en 2012, cuando Maduro fungía de canciller.

“No existe separación de poderes. La Fiscalía con Tarek William Saab se ha convertido en un órgano inquisidor que solo anda detrás de militares o funcionarios del gobierno que lo cuestionan. No hay investigaciones independientes”, dijo.

La AN investiga la venta del Banco Industrial de Venezuela, la compra de alimentos, la adquisición de agroquímicos por Agropatria por un monto de 2.7 millardos de bolívares en 2013, además buscan más elementos de convicción sobre los ilícitos en la industria petrolera y en el sector eléctrico, entre otros.


Piden meter lupa a cuentas

En una carta dirigida al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio solicitó que sean investigadas las cuentas bancarias de las empresas de venezolanos que realizan contratos con “instituciones corruptas” como Petróleos de Venezuela y la Siderúrgica del Orinoco.

Veppex pidió, además, meter la lupa sobre las cuentas de los ciudadanos que han recibido divisas para la adquisición de equipos en el sector eléctrico, de alimentos y de medicinas. La ONG considera que en este grupo hay gente “muy vulnerable a la corrupción”.

Exigen sean identificados los capitales en territorio estadounidense “procedentes de la corrupción en Venezuela”. El objetivo de Veppex es lograr que quienes cometieron ilícitos sean sometidos a la legislación de ese país.



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