Inti Rodríguez, coordinador del programa venezolano de educación y acción de Derechos Humanos (Provea), indicó este miércoles que debe ser realizada una investigación que esclarezca las causas de la muerte del concejal al municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán.
“Independientemente de las circunstancias que se produjeron en la muerte, es una persona que estaba bajo la custodia del Estado. Hay que decir que tanto la Constitución como los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos de personas privadas de libertad, imponen a los Estados la obligación de garantizar la vida, salud y la integridad física de las personas que están bajo su custodia”, dijo Rodríguez en entrevista a Unión Radio.
El coordinador de Provea acotó además que los funcionarios que no garantizaron la vida de Albán deberán responder de manera civil, administrativa o penal por sus acciones u omisiones.
“En caso de que el Estado no vele o no haga lo suficiente para garantizar la vida de los privados de libertad, los funcionarios del Estado deberán responder civil administrativa y penalmente por sus acciones u omisiones”, aseguró.
Con información de Unión Radio