Política

Contabilizan 2.365 casos de coacción con el carnet de la patria el 20-M

La UCAB, Súmate y el Frente Amplio aseguraron que los comicios presidenciales fueron ilegítimos desde su convocatoria hasta el acto de escrutinio de los votos

Contabilizan 2.365 casos de coaccióncon el carnet de la patria el 20-M

6.646 electores se chequearon con el carnet de la patria en los puntos rojos. Foto: William Dumont

Por Sammy Paola Martínez

Durante las elecciones presidenciales del 20 de mayo, el equipo de Observación Ciudadana Electoral, coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello, Súmate y el Frente Amplio, recibió 2.365 denuncias de amenazas, intimidación y coacción vinculados con el carnet de la patria. En un informe publicado ayer señalan que el gobierno incurrió en graves violaciones de la Constitución y a las leyes electorales.

En 4.020 centros de votación se desplegaron más de 7.600 observadores para registrar las incidencias y evidenciar que “los procesos electorales en Venezuela no garantizan la imparcialidad, transparencia, igualdad y equidad para el ejercicio del sufragio”.

Francisco Castro, director de Súmate, indicó que el carnet de la patria se ha sido utilizado, desde su creación en 2017, como elemento de coacción e intimidación en las campañas electorales y se les ha dicho a los electores que su tecnología permite conocer el secreto del voto lo cual está prohibido por la Constitución. Sin embargo, 1.792 electores fueron coaccionados para sugragar a favor del presidente Nicolás Maduro.  

En la mayoría de los casos, los miembros de mesa no solicitaron el carnet para ejercer el derecho, pero los simpatizantes del oficialismo que se encontraban en los puntos rojos lo pidieron como requisito indispensable para llevar su control. 6.646 electores denunciaron esta irregularidad. Además, en 21 días de campaña los observadores registraron 2.267 casos de uso sistemático de bienes y recursos del Estado, lo cual está prohibido por el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción.

1.858 ciudadanos observaron propaganda electoral en organismos del Estado y colegios públicos, y 1.806 notaron que los vehículos de las instituciones públicas tenían propagandas alusivas a la candidatura de Maduro. En ambos casos, la Lopre establece su prohibición.

Camino preparado. Súmate, la UCAB y el Frente Amplio aseguran que esos comicios fueron ilegítimos en todas las fases del proceso, incluso, desde su convocatoria, por ser realizada por la asamblea nacional constituyente.

Detallaron que la limitación al derecho de elegir se evidencia desde 2015, último año en el que el CNE actualizó de forma masiva el registro electoral. Ese rezago impidió que 2 millones y medio de jóvenes no estuvieran inscritos en Venezuela. En el exterior se evidenció la misma irregularidad: de 2 millones que residen en el exterior, solo 108.585 electores estaban habilitados. A ello debe sumársele las inhabilitaciones de dirigentes y partidos. En 2018, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, y la MUD –tarjeta que recibió más votos– quedaron inhabilitados por decisión de la ANC y el CNE.

En el informe se recuerda que la publicación del cronograma electoral se realizó cuando ya habían culminado siete actividades asociadas con la elección. Entre ellas, apertura, cierre y primer corte del registro electoral; elaboración y aprobación de las circunscripciones, e inscripciones de postulaciones por Internet.

Compararon este cronograma con el de 2012 cuando Hugo Chávez se midió con Henrique Capriles Radonski, y verificaron que en esta oportunidad se omitieron 14 actividades. “El lapso de campaña electoral tiene 75 días menos y la campaña institucional de información, 91 días menos. Las actividades de publicación y auditorías del RE se efectuaron en apenas 9 días, de los 70 días que se utilizaron en 2012”, expone el informe.

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