Por unanimidad la asamblea nacional constituyente aprobó ayer la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. El instrumento establece penas de entre 10 y 20 años de cárcel y limitaciones a dirigentes, ciudadanos y medios de comunicación. Espacio Público denunció que con el instrumento aumentará la persecución y la criminalización en el país.
El encarcelamiento se estableció en el artículo 20 y recaerá sobre “quien públicamente, o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”.
“Las sanciones de privación de libertad deben restringirse para los discursos con una probabilidad inminente, expresa, directa y comprobada de causar actos de violencia. Otro tipo de discursos debe someterse a sanciones de menor categoría”, resaltó Espacio Público en un análisis sobre la ley.
La ONG enfatizó el carácter fraudulento de la constituyente e indicó que, de acuerdo con los estándares del Sistema Universal de Derechos Humanos, un discurso debe ser analizado antes de catalogársele como apología de odio. Resaltó que deben considerarse varios aspectos, pero fundamentalmente la intención que tenga el transmisor del mensaje y su alcance real.
“La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura. La Ley constitucional contra el odio es un grave síntoma dado el contexto de represalia contra sectores disidentes”, indicó ayer la ONG en su cuenta de Twitter. Advirtió que la ley promoverá la censura, la autocensura y la criminalización de la oposición.
El artículo 14 prohíbe la difusión de mensajes en las redes sociales o medios electrónicos y digitales, que llamen a la guerra o inciten al odio. Exige a los administradores de esos medios tomar medidas para no contravenir este artículo y a eliminar mensajes que lo violen.
La ley señala que “los partidos políticos que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición”. La presidente de la ANC, Delcy Rodríguez, afirmó que el instrumento consagra la paz: “Esta ley contiene un homenaje a los venezolanos que fueron quemados vivos por razones de odio e intolerancia”.
La ANC aprobó la obligación de los medios de comunicación impresos de publicar íntegramente laLey contra el odio, una vez aparezca en Gaceta Oficial.
Derecho para la paz. El primer vicepresidente de la constituyente, Aristóbulo Istúriz, dijo que se consagra el derecho a la paz y que deben crearse mecanismos para frenar los intentos de reincidencia de la violencia que este año dejó un saldo importante de fallecidos y heridos.
“Los que sembraron la violencia, los que trajeron la guarimba, no están contentos. Ellos quieren convertir la paz en una especie de tregua para en cualquier momento retornar con las guarimbas y eso no lo podemos permitir”, expresó Istúriz.
EPÍGRAFE
“La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura. La Ley constitucional contra el odio es un grave síntoma” Espacio Público
RECUADRO
Revocarán concesiones
“El prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza será sancionado con la revocatoria de la concesión, de conformidad con lo establecido en la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos”, señala el artículo 22 de la Ley contra el odio.
El instrumento también establece la creación de una comisión para la convivencia pacífica. El objetivo, según el artículo 15, será “diagnosticar, organizar y formalizar las directrices de las políticas públicas destinadas a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo”.