La restitución de Gustavo González López como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional podría implicar el recrudecimiento de las graves violaciones de derechos humanos por ese  organismo, alertaron Marino Alvarado Betancourt, representante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, y Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.

El general en jefe del Ejército, conocido como “el Sabueso”, estuvo al frente de la policía política del régimen de Nicolás Maduro desde enero de 2014 hasta octubre de 2018, cuando fue destituido poco después de que una caravana presidencial fue detenida por funcionarios del Sebin en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas.

“El por qué regresa es un tanto misterioso. Sin embargo, su restitución es una reafirmación de que está comprometido con Nicolás Maduro; y además, que el gobierno no tiene muchas opciones para designar en este caso, al igual que en los ministerios”, manifestó Alvarado Betancourt.

Daniels expresó preocupación porque las tácticas de represión que utiliza el cuerpo de seguridad  se mantengan o “recrudezcan la arbitrariedad todavía más, en este entorno de incertidumbre en el que aparentemente el régimen ya no sabe quien le es fiel y quien no”.

“¿A quién le responde este señor? ¿Le responde realmente al presidente de facto, que es Maduro? ¿Al ministro de la Defensa? ¿A Diosdado Cabello? No lo sabemos, no sabemos cuál es su lealtad. Esta situación abona una mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos, sobre todo en un organismo que no responde a nadie”, agregó.

Un pasado de crímenes de lesa humanidad

En 2015 González López fue uno de los siete funcionarios con sanciones específicas del gobierno de Barack Obama por abusos contra los derechos humanos. Como premio, Maduro lo designó en marzo de ese año ministro de Interior, Justicia y Paz, cargo que ocupó hasta agosto de 2016, simultáneamente con su tarea en el Sebin.

Alvarado Betancourt recordó que, como ministro, el militar comenzó los Operativos de Liberación del Pueblo, que se caracterizaron por letales (más de 500 ejecuciones policiales, según el Ministerio Público).

“González López tiene un prontuario de violaciones de los derechos humanos bastante alto. Prácticamente asumió la dirección de los OLP, en las que hubo un alto número de ejecuciones, además de la desaparición forzada de 13 personas que después aparecieron muertas, conocida como la ‘Masacre de Barlovento”, apuntó.

La Tumba, uno de los centros de torturas del Sebin, que está cinco pisos por debajo de la superficie en Plaza Venezuela, nació bajo la administración del general en jefe. Ese lugar, integrado por siete celdas de dos por tres, de pisos y paredes blancas, se caracteriza por la falta de ventilación, luz natural y sonidos.

“Los detenidos pasan las 24 horas del día encerrados vigilados por cámaras y micrófonos. Sólo estiran las piernas cuando tocan un timbre interno para ir al baño, y hay veces en que no los sacan, por lo que tienen una bacinilla prevista para esa emergencia. No hay otro color. Solo blanco y gris. No hay sonido, solo sus voces, no hay ni sol, ni luna ni tiempo, porque no tienen reloj, por lo que no tienen noción de la hora, y no se sabe si realmente es de día o es de noche”, describió la abogada defensora de los derechos humanos Tamara Sujú en el semanario La Razón de España, en 2015.

En ese sitio los carceleros practican lo que Sujú ha definido como “torturas blancas”, con la que buscan quebrantar la voluntad de los detenidos para que firmen documentos en los que se declaren culpables o comprometan a terceras personas.

“Hay varios ejemplos de la técnicas de no dormir, de tener la luz encendida todo el tiempo y de todas las maniobras de torturas vienen de la administración de González López. Alguien con ese historial, genera expectativas totalmente negativa y pesimista”, sostuvo Daniels.

Además, bajo la dirección de este militar, tres representantes opositores han muerto en las sedes del organismo policial: Rodolfo González, piloto de la aviación civil venezolana, murió por presuntamente ahorcarse en la celda en El Helicoide el 13 de marzo de 2015; Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado Apure, falleció luego de sufrir un ACV el 17 de septiembre de 2017, mientras se encontraba detenido.

El último caso, es el del concejal de Caracas y miembro de Primero Justicia, Fernando Albán, quien falleció en extraña circunstancias el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede de Plaza Venezuela. La versión oficial dice que se trata de un suicidio. No obstante, los abogados de Albán y sus compañeros de partido, han denunciado el edil fue asesinado a causa de las torturas a las que lo sometieron.

A juicio de Alvarado Betancurt, el prontuario de violaciones sistemáticas de derechos humanos convierte a González López en un candidato a la Corte Penal Internacional, de avanzar las denuncias que han interpuesto varios países ante el organismos de justicia internacional.

“Su papel como director del Sebin es una señal de que el gobierno de Nicolás Maduro tiene el firme propósito de profundizar la represión y necesita tener personas de sus características para que esa represión sea efectiva”, sentenció.


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