La profunda crisis institucional de Venezuela está bloqueando la posibilidad de que los autores de «violaciones masivas de los derechos humanos» respondan ante la justicia, denunció hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
«El contexto político de extrema polarización y la ruptura del Estado de derecho, junto con la falta de independencia de la judicatura, han obstruido gravemente la rendición de cuentas de los responsables», señala la entidad en un informe sobre Venezuela divulgado hoy.
El documento analiza la situación en ese país y señala que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha intentado dotarse de un marco legal que le permitiese obtener el control de la Corte Suprema de Justicia y, con el apoyo de ésta, suspender los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional. Todo ello -continúa el informe- ha permitido al gobierno venezolano socavar cualquier esfuerzo para que rindiese cuentas por sus actos.
«El Estado de derecho ha sido sustituido por un Estado de poderes ejecutivos arbitrarios», comentó en un comunicado uno de los coordinadores del informe, Alex Conte.
«La Constitución es menospreciada, la judicatura no puede ejercer su función de forma independiente y la separación de poderes es inexistente», agregó.
El informe se refiere también al aumento de «ejecuciones extrajudiciales, prácticas de tortura y malos tratos, detenciones arbitraria, juicios de civiles en cortes militares y a la persecución de cualquier disidencia social o política».
Para esta entidad legal, la situación se agravó con la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en «un acto políticamente motivado que violó los estándares internacional y eliminó uno de los últimos controles institucionales de la autoridad ejecutiva».
Esa medida también «destruyó una de las últimas esperanzas de ver el fin de la impunidad por violaciones de los derechos humanos», según la CIJ.
La entidad también se muestra preocupada en su análisis por la creación de una comisión de la verdad en el seno de la nueva Asamblea Constituyente ya que teme «que sea un instrumento de manipulación política destinado a reforzar la impunidad del ejecutivo (…) y silenciar a la oposición».