El juicio contra el presidente Nicolás Maduro, que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, comenzó con el señalamiento de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, de que funcionarios del gobierno –incluido el primer mandatario– transaron alrededor de 300 millones de euros y 35 millones de dólares ilícitamente a través de pagos a empresas fantasmas y a trabajadores públicos en complicidad con la compañía brasileña Odebrecht.
En la audiencia del antejuicio de mérito, Ortega Díaz expuso ayer las supuestas pruebas del desfalco al patrimonio nacional, que incluye declaraciones de representantes de Odebrecht que se encuentran presos en Brasil por delitos de corrupción. También presentó copias de contratos y constancias de pagos de obras inconclusas, entre ellas las del Metro de Caracas, que habría firmado Maduro con la empresa brasileña, a cambio de que esta financiara su campaña electoral en 2013.
“Maduro ha favorecido los negocios con Odebrecht en cada uno de los cargos que ha ocupado. No le bastó la trama delincuencial que había ejecutado, y en 2013 solicitó que le pagaran su campaña”, expresó la fiscal.
Señaló que en el país estaba constituida una red de expertos en ilícitos financieros que trabajaban con el gobierno. Detalló que para los negocios usaron el banco Meinl Bank, con sede en Las Antiguas, que es propiedad de Odebrecht.
Ante esas pruebas, la fiscal pidió al TSJ en el exilio determinar la responsabilidad de Maduro por los delitos de corrupción propia y lavado de dinero, establecidos en los artículos 64 de la Ley contra la corrupción y el 35 de la Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
La audiencia se desarrolló en el salón Constitución del Congreso de Colombia y en la sede de gobierno de Doral, en Miami, Florida, Estados Unidos. En Bogotá estuvieron 14 de los 33 magistrados del TSJ en el exilio y la fiscal fue la encargada de presentar los testigos. El tribunal nombró al abogado Andrés Felipe Lindo como defensor público de Maduro, debido a que el mandatario no se presentó en el juicio ni envío una defensa.
Ortega Díaz también reiteró a los magistrados la exigencia de emitir a la Interpol y otros organismos internacionales la alerta de captura contra el presidente. En respuesta, el magistrado Pedro Troconis aclaró que la alerta ya fue remitida, pero aún no se ha aplicado. “Lo que podemos hacer es ratificarla y enviarla de nuevo al igual que al Cicpc en Venezuela”, indicó. Informó que el proceso judicial concluirá aproximadamente en dos semanas, debido a la cantidad de pruebas remitidas por la fiscal general.
Varias audiencias. Antonio Marval, presidente de la Sala Político Administrativa del órgano judicial, explicó que el proceso se desarrollará en varias sesiones y que la siguiente será el lunes 6 de agosto. La sentencia surgida por el caso deberá ser ejecutada por Interpol y otros organismos internacionales.
Considera que hay un vacío institucional en el Ejecutivo, por lo que llamó a los diputados de la Asamblea Nacional a iniciar el proceso de transición “que permita revocar la estabilidad y el regreso del Estado de Derecho”.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz indicó que la sentencia que resulte del juicio es vinculante, debido a la legitimidad que tienen los magistrados por haber sido nombrados por la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución. Afirmó que el presidente se encuentra inhabilitado política y administrativamente desde que iniciaron el juicio.