El Colegio de Abogados de Caracas acudió hoy ante la Sala Político Administrativa del TSJ para demandar la nulidad de los decretos presidenciales 2830 y 2831, resoluciones con las que el presidente Nicolás Maduro convocó a la asamblea nacional constituyente.
En la demanda del Colegio de Abogados se denuncia que el presidente de la República usurpó atribuciones del pueblo venezolano, único depositario del poder constituyente conforme con el artículo 347 de la carta magna.
“Nosotros impugnamos el decreto basados en que el mandatario nacional no está facultado para convocar una ANC. La convocatoria debe hacerla el pueblo. El presidente, según el artículo 348 de la Constitución, solo puede tener la iniciativa de decirle al CNE que consulte a los ciudadanos, mediante referéndum, si quieren convocar una asamblea constituyente o no”, expresó Ivette Lugo, presidente del Colegio de Abogados de Caracas.
La carta magna, aseguran los demandantes, no expresa, ni siquiera de forma tácita, que el jefe de Estado pueda convocar la ANC. Por ello, además de usurpar funciones del pueblo venezolano, consideran que el presidente extralimitó sus propias competencias.
Los abogados, en otro alegato, argumentan que no se puede convocar, como se pretende con los decretos 2830 y 2831, un proceso electoral regido, al mismo tiempo, por los principios de “universalidad” y de “sectorización”. Afirman que son dos conceptos gramatical, lógica y jurídicamente antinómicos, que se contradicen y anulan entre sí. “Es como afirmar que esa elecciones se van a regir por un círculo cuadrado”, sentencia el documento legal.
“No se puede escoger a los constituyentistas por una elección que no sea directa, universal y secreta. El único requisito para votar es ser mayor de 18 años y no estar inhabilitado. Con la sectorización hay un grupo de venezolanos que no estará en la capacidad de entrar en la escogencia”, dijo Lugo.
La presidente del Colegio de Abogados mencionó que todavía tienen esperanza de que funcione la justicia. No obstante, reconocen la dificultad de que la demanda proceda, debido a la posición del TSJ, un órgano “subyugado al Poder Ejecutivo”.
Violación de derechos
Ivette Lugo afirmó que se ha criminalizado la disidencia. “Es lamentable ver cómo jueces se prestan para privar la libertad de jóvenes que están ejerciendo su derecho de manifestar su inconformidad. Estamos viendo que conductas que no están tipificadas como delitos, están siendo juzgadas”, sentenció.
El debido proceso, según Lugo, se ha violentado. “A los jóvenes se les detiene más del tiempo necesario. Les dan libertad y siguen presos porque hay organismos que no quieren cumplir con su deber”, afirmó la presidente del Colegio de Abogados, quien señaló que Caracas y los estados Carabobo, Mérida y Táchira son los que presentan más denuncias.