Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, aseguró que la Asamblea Nacional (AN) ha contribuido con el informe que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó a la Comisión Penal Internacional (CPI) que evidencia situaciones ejecutadas por 11 funcionarios del gobierno. 

Solórzano indicó que en el documento presentado por el Luis Almagro, secretario general de la OEA, están reflejadas las 8.292 ejecuciones judiciales, «incluyendo la de Oscar Pérez en enero de 2018, 12.000 detenciones, 1.300 presos políticos desde 2013»

Aseguró que aún «se mantinen privados de libertad 417 personas, todo esto se ha hecho de forma sistemática y generalizada».

Según el artículo 54 del Estatuto de Roma, no se le puede prohibir la entrada a Venezuela a la Fiscal Fatou Bensouda, quien debe investigar las acusaciones presentadas y sustentadas. »Esperamos que pronto la justicia internacional proceda contra los que han causado daños a la nación», comentó Solórzano. 

«El ejecutivo también tiene protagonismo en la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y que autoridades venezolanas han incurrido al negar la situación y posibles soluciones para combatir la problemática», dijo.

Con información de nota de prensa. 


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