La discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral y la manera atropellada como se ha desarrollado el proceso caracterizan las elecciones que se efectuarán el 20 de mayo para escoger presidente de la República y 251 diputados a consejos legislativos. Desde que se anunció el adelanto de las presidenciales, por orden de la asamblea nacional constituyente, y se inhabilitó a la Mesa de la Unidad Democrática y a la mayoría de los partidos opositores, y se recortaron los lapsos del cronograma electoral, técnicos y ONG han advertido que la transparencia y la competitividad del proceso están comprometidas.
La falta de tiempo también ha sido cuestionada, dado que es un elemento clave para garantizar que las auditorías se cumplan a cabalidad y que la observación calificada certifique esas condiciones técnicas. Hasta el momento se han efectuado cinco auditorías sin observación internacional amplia, incumpliendo así el acuerdo suscrito el primero de marzo entre el gobierno de Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección, y los demás candidatos, entre ellos Henri Falcón. Pese a que El Consejo de Expertos Electorales de América Latina está en el país para servir de acompañante, su presencia en los eventos comiciales siempre ha sido cuestionada por la oposición.
Además, expertos electorales han denunciado “cambios arbitrarios” en el cronograma y decisiones que continúan empañando la transparencia del evento. Una de las modificaciones más recientes fue la certificación del diseño de la boleta electoral a último momento.
Aunque las 14 organizaciones políticas nacionales, el grupo de electores y 38 partidos regionales habían escogido su posición en la boleta en una maqueta genérica a finales de marzo, no tenían información de cuántas se utilizarían.
El 21 de abril, un día antes del inicio formal de la campaña y cuando los partidos tenían listo su material de propaganda, el ente comicial certificó que utilizaría una sola pantalla y habilitaría la opción de “seleccionar todos” para supuestamente facilitar el proceso al elector.
“Quedó demostrado que el Poder Electoral trabaja sobre la marcha e imposibilita que las organizaciones postulantes tengan claridad para promocionar sus candidatos mediante afiches, volantes u otro material de divulgación como las boletas no válidas que entrega el CNE”, afirmó el técnico electoral Félix Arroyo.
Aclaró que haber anunciado que será una boleta no es irregular, sino informarlo de manera atropellada, como también ocurrió con las postulaciones y los pocos días que dieron para inscribirse en el registro electoral dentro y fuera del país.
“Por cuestiones económicas y por la poca cantidad de postulados pueden agruparlos en una sola boleta. Cuando se cumple con la Constitución y se efectúan elecciones de gobernadores en conjunto con la de consejos legislativos y hay muchos aspirantes por cargo, se justifica que se utilicen 2 boletas; pero si solo hay 15 organizaciones, pueden estar en una pantalla”, explicó.
En las boletas no validas que imprimió el CNE las opciones se diseñaron en dos bloques: en el primero está la foto del candidato presidencial y debajo los nombres de los diputados nominales y listas, mientras que en el segundo se encuentran las representaciones indígenas, que son ocho.
El experto electoral Aníbal Sánchez aseguró que aunque la fecha de certificación la escoge el directorio del CNE, no esperaban que lo hiciera con tan poca anticipación.
El cronograma establece que la feria electoral transcurre simultáneamente con la campaña, y aunque en la página web del ente comicial figuran los puntos dispuestos en el territorio nacional para explicarle al elector cómo votar, no ha habido énfasis en informar que son 132 boletas distintas, que es el número de circunscripciones que determinó el CNE para esta elección.
Sin equilibrio
Las organizaciones políticas han denunciado la complicidad entre el Gran Polo Patriótico y el ente comicial, que ha guardado silencio ante la utilización de recursos públicos y las transmisiones en radio y televisión para promover el voto hacia el presidente Nicolás Maduro, situaciones que también se debían evitar según el acuerdo de garantías.
El 24 de abril el mandatario dijo: “Voy a llamar a todos los carnetizados. Esto es dando y dando. Yo los apoyo a ustedes, y ustedes apoyan la Constitución y la democracia”.
Al respecto, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, aseguró que Maduro planteó explícitamente una propuesta clientelista y demostró que lo importante no es satisfacer las necesidades de los sectores más débiles, sino utilizar el dinero público para comprar los votos, lo cual está prohibido por el artículo 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio.
“El gobierno está acostumbrado a dar subsidios para que los ciudadanos les paguen con la moneda del voto”, señaló Lander.