Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, está detenido en sede del Sebin en El Helicoide desde el 7 de agosto por presuntamente estar involucrado en el «atentado” fallido en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.

A Requesens se le acusó de siete delitos: litigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración en contra del presidente de la República, terrorismo, posesión ilegal de armas y explosivos, homicidio calificado por motivos fútiles en contra del Alto Mando Militar y las personas que se encontraban presentes.

Joel García, especialista en Derecho Penal y miembro del equipo de defensa del diputado, indicó en exclusiva para El Nacional Web que luego de la audiencia de presentación del 14 de agosto, el Ministerio Público tiene un lapso de 45 días continuos para culminar la investigación.

“Luego de ese lapso, la Fiscalía determinará si tiene alguna relación con el hecho o si hay elementos suficientes de convicción para determinar que es autor o partícipe de un hecho y hacer la acusación. Si se da esa situación, tendrá un lapso de 15 días hábiles para celebrar una audiencia preliminar en la que se admite esa acusación o no”, explicó el abogado.

El equipo de abogados afirmó que solo pudo comunicarse con el diputado el día de la audiencia y que a la familia se le ha negado el permiso para verlo, pues en estos casos políticos restringen mucho el acceso a los imputados.

En la fase preliminar, la defensa del parlamentario presentará sus pruebas para buscar demostrar que la acusación es inválida. De ser amitida la acusación el proceso pasa a la fase de juicio, que se realiza de manera oral y pública.

Instancias Internacionales 

García indicó que paralelamente a la investigación hay un equipo de abogados que trabaja para que se conozca el caso en el extranjero. “Todas las denuncias hay que hacerlas también en el fuero internacional, en el Comité de Derechos Humanos, en la Organización de las Naciones Unidas y cuanto organismo internacional tengamos para denunciar estas atrocidades”, agregó.

Rafael Gordon, abogado de la organización Defiende Venezuela, indicó que el caso Requesens tiene dos opciones en las instancias internacionales.

La primera alternativa es que la investigación pueda regirse por la Declaración Americana de los Derechos Humanos que maneja la Organización de Estados Americanos y así denunciar su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La segunda, es el Sistema Universal de Protecciones de los Derechos Humanos (SUDH), en el que están el comité contra torturas y el comité de desapariciones forzadas. Si el equipo de abogados establece la evidencia y los argumentos de que se realizó una detención arbitraria y hay indicios de tortura hacia el parlamentario Requesens, la investigación puede ser llevada ante esta instancia y así registrar su caso en estos comités.


Ataque contra la institución y no contra el individuo 

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, manifestó que la intención detrás de la detención de Requesens es eliminar del fuero político a la Asamblea Nacional como un órgano de decisión con potestades propias.

“La idea de quitarle fuerza a la Asamblea Nacional es desmoronar a la oposición y quitarle el poder de tomar posiciones y así anularla. Esto tiene que ver con un mensaje directo que expresa: ‘cállate, has silencio y no me hagas oposición porque si levantas la voz te voy a reprimir’’ expresó Daniels en exclusiva para el Nacional Web.

El abogado destacó que este tipo de situaciones se hacen de manera pública y de manera evidente porque el mensaje no es para el detenido sino para todo el órgano y la sociedad.


Mientras transcurren los días y vence el plazo para que el Ministerio Público emita una sentencia, Juan Requesens sigue detenido, sin tener contacto con sua familiares y abogados quienes desconocen su estado actual, lo que genera un sinfín de interrogantes. 


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