Los medios de comunicación en Venezuela atraviesan la etapa más difícil de su historia. Los portales de noticias se enfrentan, además de la censura, a los bloqueos que organismos gubernamentales implementan a través de proveedores de Internet.
El acceso a El Nacional Web ha sido bloqueado en muchas oportunidades en diferentes estados del país. La misma situación la enfrentan portales como Tal Cual, El Pitazo y La Patilla, los cuales por tener una línea editorial en contra del gobierno socialista han sido víctimas de bloqueos y sanciones.
Cantv, el proveedor de internet y telefonía del Estado, ha bloqueado el acceso de los usuarios a los portales en diversas ocasiones. Cuando las personas intentan entrar a una de estas páginas no aparece ningún resultado o arroja una señal de error.
Jony Rahal, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Medios de Comunicación, resaltó que los bloqueos a los portales informativos y las restricciones del acceso a la información representan un crimen de lesa humanidad que no prescribe.
El diputado explicó, en exclusiva a El Nacional Web, que el acceso de la población a la información es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que negarle la información al pueblo es un crimen que debe ser juzgado en instancias internacionales.
“El hecho de cercenar el derecho a la información es un crimen de lesa humanidad. El derecho a estar informado es tan importante como el derecho a la vida o el derecho a la alimentación”, dijo el parlamentario.
Rahal, en nombre de la Comisión del Parlamento, responsabilizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de causar los bloqueos y de extorsionar a los proveedores privados para que tomen la misma acción en contra de los portales informativos.
“Varios portales web fueron vulnerados por el régimen. No basta con las extorsiones a los medios audiovisuales e impresos. Ahora utilizan el poder judicial y la extorsión de Conatel a varias empresas privadas que prestan el servicio de internet”, dijo Rahal desde el Palacio Federal Legislativo.
El parlamentario indicó que la comisión permanente de la Asamblea Nacional documentará todos los registros de bloqueos a portales informativos y censuras a medios de comunicación. Esta información, en primera instancia, será llevada a la Fiscalía para su revisión. Sin embargo, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación presentará estas denuncias de violación al derecho a la información en instancias internacionales.
En Venezuela, la actual fragilidad de los derechos humanos ha llamado la atención de organismos internacionales como la Organización de Estado Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, que han condenado estas violaciones, lo que incluye violaciones a derechos fundamentales, el derecho al debido proceso judicial, entre otros.
Rahal indicó que la comisión parlamentaria recabará información sobre la responsabilidad de Jorge Márquez, presidente de Conatel, y Manuel Fernández, presidente de Cantv, en los constantes bloqueos a los medios de comunicación digitales.
“Vamos a visibilizar esta responsabilidad política porque hay que ponerle nombre y apellido a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. El gran culpable es ese cobarde que está en Conatel”, dijo el diputado.
Señaló que organizaciones como el Parlatino y el Parlamento Europeo están interesados en conocer quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El papel: un mecanismo de coacción
Cada vez son menos los medios de comunicación impresos que aún circulan en Venezuela. Muchos argumentan que no poseen el papel suficiente para cubrir la producción diaria, por lo que decidieron dejar de circular o disminuir su producción.
Rahal responsabiliza de la crisis del papel en medios impresos a la Corporación Maneiro, un organismo encargado de distribuir el papel en Venezuela.
La corporación fue creada por Nicolás Maduro en 2013 cuando fue elegido como presidente de la República. Desde entonces muchos medios de comunicación responsabilizan la caída de la producción de periódicos a la distribución irregular de papel por parte de esta corporación.
Rahal señaló que la Corporación Maneiro monopoliza la entrega de papel, un hecho prohibido por la Constitución Venezolana. “Maduro creó esta corporación para, de manera discrecional y arbitrariamente, entregarles el papel a quién le dé la gana”, dijo el parlamentario.
Entre 2017 y 2018 un total de 48 medios de comunicación impresos dejaron de circular por falta de papel. Rahal resaltó que esta situación se debe a un “mecanismo perverso” creado por el gobierno de Nicolás Maduro para perjudicar a los medios de comunicación.
“Debemos sensibilizar al pueblo para que sepa que es tan importante el derecho a la información como el derecho a medicinas y alimentos. El derecho a la información ha sido menoscabado por el régimen y tenemos el deber de ponerle un muro de contención”, puntualizó.