La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional exigió la liberación inmediata de los presos políticos, civiles y militares “como un acto de justicia y paz para la República”, ante la importancia que tiene la época decembrina para los venezolanos.

Los parlamentarios repudiaron “la privación ilegítima de libertad, las torturas, tratos crueles e inhumanos que las autoridades del gobierno han aplicado a los detenidos que se encuentran sujetos a írritos procesos judiciales”.

En la sesión, los diputados acordaron solidarizarse con los familiares de los encarcelados por razones políticas “que experimentan los sufrimientos de un sistema político y judicial que no brinda garantías de respeto a los derechos humanos, ni de imparcialidad o justicia”.

Exhortaron al Poder Ciudadano y a las autoridades de organismos internacionales que velan por el acatamiento de las garantías constitucionales a ejercer las acciones pertinentes, para establecer las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de las “detenciones ilegítimas, las torturas, tratos crueles e inhumanos”.

En el acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Defensa, Edgar Zambrano, se exige al Ejecutivo que garantice el respeto a los derechos, en especial, de los privados de libertad, y que promueva el cumplimiento de los valores de libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social, y preeminencia de los derechos civiles y políticos.

“Exigir la libertad de estos compañeros es un acto de justicia que este Parlamento no debe pasar por alto en este difícil momento”, manifestó Zambrano en su intervención.

Resaltó que actualmente se encuentran 153 militares privados de libertad, de quienes no se han visto fotografías ni videos, ni se han escuchado audios desde su detención, como ocurrió con el fallecido presidente Hugo Chávez cuando estuvo recluido. “Es un secreto arcano las condiciones de las prisiones en cada uno de estos pudrideros donde llevan a los militares, a los que les montan los expedientes para recluirlos en estos sitios”, agregó.

Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior, recordó que este año comenzó con “la masacre televisada de Óscar Pérez y un grupo de siete venezolanos que fueron asesinados por el Estado”, en un operativo realizado el 15 de enero en El Junquito.

Mencionó el caso del concejal Fernando Albán, que falleció en extrañas circunstancias en la sede del Sebin de Plaza Venezuela, y del diputado Juan Requesens a quien el gobierno pretende “presentar en una audiencia injusta ante un tribunal constituido ilegalmente, con evidentes violaciones del debido proceso, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

“Nos quieren quitar todos los derechos y eso se refleja en los 402 presos políticos que hay en las cárceles venezolanas. Quieren generar una sociedad de esclavos, en la que el Estado nos controle y quien se atreva a levantar su voz es apresado o perseguido”, aseguró.

Agregó que hablan de la “judicialización de los derechos porque hay jueces y fiscales cómplices de quienes oprimen a los venezolanos”. Llamó al cese de esa colaboración: “En el momento que termine la complicidad de jueces y fiscales, y de la Fuerza Armada  habrá libertad para toda Venezuela”.


La gestión legislativa estuvo marcada por el desacato

El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, presentó un informe sobre la gestión legislativa 2018. Afirmó que el período estuvo marcado por el desconocimiento de las funciones del Parlamento “por el llamado desacato”, la falta de asignación de recursos económicos para atender los gastos de funcionamiento, la decisión del gobierno de apropiarse de los recursos para la remuneración de los diputados y el agravamiento de la crisis.

Mencionó que ante la intención del gobierno “de impedir maliciosamente” que los parlamentarios cumplan con su atribución constitucional de legislar, la AN acordó constituir un banco de leyes que serán enviadas al Ejecutivo para su promulgación cuando “se produzca el cambio político por el cual luchamos junto al pueblo”. Agregó que el informe de gestión será publicado a finales de este mes o a principios de enero de 2019.


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