La Asamblea Nacional acordó solicitar la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación para elaborar una estrategia en legítimo reclamo del Esequibo, luego de que Guyana introdujo una demanda ante la Corte Penal Internacional para despojar a Venezuela del territorio.
En el Proyecto de Acuerdo, aprobado en rechazo a la judicialización de la controversia de la fachada del Atlántico, los parlamentarios ratificaron el Acuerdo de Ginebra (1966), en el que ambos países se comprometieron a buscar soluciones pacíficas y prácticas como lo dicta la Carta de la Organización de Estados Americanos. Anunciaron la apertura de una investigación que establezca las responsabilidades de los funcionarios por su negligencia en la defensa del territorio en reclamación.
El Parlamento solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe a las empresas y gobiernos, involucrados en concesiones petroleras, el riesgo que corren con cualquier tipo de inversión en un territorio que está en disputa.
El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) fue el encargado de presentar el proyecto, y aseguró que Guyana viola el Acuerdo de Ginebra y la delimitación del territorio venezolano plasmada en las constituciones de 1811 y de 1821.
«Maduro y su gabinete no han tenido una posición férrea para defender nuestros recursos naturales. Hay títulos jurídicos e históricos que confirman la soberanía sobre ese territorio», aseveró Dávila.
Advirtió que la demanda de Georgetown también busca entrar en controversia por la Isla de Anacoco, «que jamás y nunca había sido sometida a discusión alguna». La Comisión Mixta que estudia el caso adelanta un proyecto de ley para la defensa de la fachada del Atlántico.
Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl Greenidge, informó que pedirá a la Corte Internacional de Justicia que dictamine a su favor en el caso del litigio fronterizo sobre el Esequibo, pues considera que la parte oponente no se presentará ante esa instancia. El anuncio de la solicitud oficial llega un día después de que el gobierno venezolano le comunicó a la Corte Internacional »su decisión soberana de no participar en el procedimiento».
Muertes por escasez. En el primer orden del día, el Poder Legislativo convino en remitir el informe sobre la muerte de venezolanos debido a la escasez de medicamentos a la Fiscalía y a la Contraloría de la República, con el fin de que establezcan las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios.
José Manuel Olivares (Primero Justicia-Vargas), presidente de la Comisión de Desarrollo Social, detalló que hay 400.000 pacientes crónicos que están en riesgo porque no reciben el tratamiento. Según el estudio que realizaron, cada 3 días un paciente renal pierde el trasplante.
No hay radioterapia ni quimioterapias. De 10 pacientes con cáncer 8 no reciben tratamiento. “No se mueren por la enfermedad sino porque no cuentan con las herramientas para salvarse”, añadió.
Manuela Bolívar (Voluntad Popular-Miranda), afirmó: “Se nos está muriendo nuestro pueblo porque el chavismo se robó el dinero”.
Destacó que el Ejecutivo no tuvo interés en implementar una política sanitaria, sino en saquear al país. En los últimos 5 años dejaron de tomar en cuenta 12 proyectos relacionados con vacunación, tratamientos para el VIH y enfermedades pulmonares.