La Asamblea Nacional exigió la liberación de los presos políticos civiles y militares, que han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos por motivos políticos. En el Proyecto de Acuerdo, aprobado en solidaridad con los perseguidos, los parlamentarios pidieron al gobierno detener las violaciones de los derechos humanos, de las que «ha sido cómplice el Alto Mando Militar».
También acordaron iniciar una investigación –en la Asamblea y en organismos internacionales– al general Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a la cadena de mando, por cometer supuestas torturas.
Franco Casella, diputado por Voluntad Popular, aseguró que desde enero pasado el presidente Nicolás Maduro emprendió una persecución “desmedida y multiforme” contra los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo resultado ha sido la detención de 150 oficiales.
“Los miembros de la FANB de nuestro país, al ser ciudadanos venezolanos, gozan plenamente de sus derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados y protegidos por el Estado”, recordó.
Agregó que hay otros militares que a pesar de mantenerse en los cuarteles también son prisioneros de sus pensamientos. “Esa unión cívico-militar de la que tanto habla Maduro es una falacia. La verdad es que hay dos tipos: una unión enchufada, que se aprovecha de los guisos y otra que padece la escasez y el alto costo de la vida», afirmó.
Edgar Zambrano (Acción Democrática), presidente de la Comisión Permanente de Defensa, señaló que los delitos por los cuales se acusa a los oficiales son rebelión, motín, traición a la patria, atentado contra el decoro militar y sustracción de efectos que pertenecen a la Fuerza Armada.
La persecución contra los castrenses ya no tiene distingo porque el Ejecutivo ha ordenado el apresamiento de militares de altos rangos. «La jerarquía no priva para estar en estado de sospecha para este gobierno. Hay generales de divisiones y tenientes coronel presos».
Advirtió que el G-2 cubano es el responsable de rendir el informe de inteligencia, con el fin de responder a los intereses de ese gobierno y desarticular a la FANB. »Quiénes van a defender nuestro mar si los preparados están presos; quiénes manejarán los aviones de combates si están tras las rejas», preguntó.
Sicariato de Estado
En el segundo punto del orden del día, el Poder Legislativo debatió sobre la amenaza de muerte contra el diputado por Primero Justicia Tomás Guanipa. La presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano (Un Nuevo Tiempo), aseguró que la orden que dio el Sebin en noviembre pasado fue “un sicariato de Estado”, lo que constituye un delito de acuerdo con el artículo 44 de La Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Recordó que los cuatro guardias presidenciales se negaron a cometer el asesinato y en retaliación, el gobierno desapareció a tres de ellos. Luis Fernando Seyas fue el único que logró huir del país y viajar a Colombia, donde se encuentra bajo protección de Acnur.
La Asamblea propuso formar una comisión para investigar el hecho y brindar asistencia jurídica para que Guanipa reciba medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, instaron a Colombia a darle protección a Seyas por ser el principal testigo del hecho.
Desconocen poderes especiales
El Parlamento declaró nulo el decreto 3268, que otorga poderes especiales al presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, por ser “el acta de defunción de la mayor empresa que tiene Venezuela”.
“Con ese decreto inconstitucional que se fundamenta en el de Emergencia Económica, Quevedo puede cambiar las normas de Pdvsa; crear, suprimir o efectuar modificaciones a la empresas del sector público petrolero y ejecutar obras de infraestructuras sin licitación alguna”, advirtió Francisco Sucre, diputado por Voluntad Popular.
Indicó que Maduro le está dando una “patente de corrupción” a Quevedo para terminar de destruir a la empresa petrolera, que produce 1,4 millones de barriles diarios y pierde 50.000 cada mes.
“A finales de año no habrá un solo barril de petróleo del cual generar flujo de caja debido a las deudas irresponsables de Maduro. Por el convenio adquirido con Rusia y China hay 400.000 barriles comprometidos; por el mercado interno hay otros 400.000 y el Convenio con Cuba se lleva 60.000 barriles diarios”, detalló Sucre.
Señaló que la situación de Pdvsa es tan grave que vende la misma cantidad diaria (500.000 barriles) de petróleo que exportaba en 1928, cuando Venezuela tenía 3,2 millones de habitantes.
Sucre anunció que crearán una subcomisión para realizar una reforma energética y rescatar a Pdvsa.