El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, advirtió a la comunidad internacional que el cierre de embajadas en el país solo favorecería al gobierno. Considera que la falta de vigilancia podría incidir en la violación de derechos humanos.
“Eso es lo que quiere el gobierno de Maduro para poder hacer lo que le da la gana, sin ningún tipo de escrutinio. La presencia de la comunidad internacional es una especie de muro de contención para que no avance esta política represiva (contra la disidencia)”, según Sucre, reseñó EFE.
Gran parte de la comunidad internacional –13 países de la región– desconoce las elecciones del 20 de mayo. Gobiernos ya han mencionado la posibilidad de que sus misiones diplomáticas abandonen el país como un mecanismo de presión, con ocasión de la toma de posesión de Nicolás Maduro para el período 2019-2025.
Recientemente el canciller Jorge Arreaza dijo que ante el nuevo gobierno de Maduro, el Estado que quiera retirar su embajador, “puede hacerlo, pero se lleva hasta el último funcionario consular”. Sucre tildó estas declaraciones de “pataleta” e indicó que “demuestran la poca responsabilidad en el manejo de un cargo tan importante”.
El parlamentario Carlos Valero, miembro de la instancia parlamentaria, considera que el cierre de embajadas es una decisión que no ayudaría al cambio político en el país, por lo que se debe buscar la manera de articular elementos de presión diplomática e institucional “que lleven al país hacia un proceso de pacificación y retorno democrático”.
“Es importante que las representaciones diplomáticas del mundo en Venezuela observen de cerca lo que está ocurriendo; sirvan como factor disuasivo frente a la violencia generalizada que el gobierno pretenda realizar contra factores opositores y, además, mantengan informados a sus países sobre lo que está sucediendo”, agregó.
José Gregorio Correa, diputado al Parlamento del Mercado Común del Sur, afirmó que el retiro de delegaciones diplomáticas no sería un mecanismo de presión, puesto que el mismo debe venir desde el territorio nacional.
“Es totalmente contraproducente, desde el punto de vista diplomático y consular, que abandonen el país. Una cosa es que se mantengan firme en el reclamo de los derechos humanos y electorales que tenemos los venezolanos, pero un cierre de embajadas solo favorecería al gobierno. Estaría muy feliz de que quienes no lo han aplaudido en su desatino, aprovechen y se vayan”, aseguró.
A juicio de Valero, uno de los objetivos estratégicos del Ejecutivo es su “plan de aislarse cada día más e imponer una especie de autarquía –independencia política y económica–”, puesto que se siente “cómodo” con tener a Rusia, China, Turquía, Bolivia, Nicaragua y Cuba “como amigos”.
“Esta es una decisión soberana de cada país, pero este mecanismo contribuye al plan del gobierno de sentirse aislado y libre de compromisos internacionales para seguir violando la Constitución”, expresó.
Correa recordó que ni en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial las naciones que rompieron relaciones diplomáticas cerraron las puertas de sus delegaciones consulares, porque “la atención consular es una prioridad; tienen a los ciudadanos de cada país del mundo cuando están fueras de sus tierras”.
Señaló que en el país hay una población de origen europeo y suramericano que “no tiene por qué pagar las consecuencias de un gobierno que no ha atendido ni las necesidades de los venezolanos. Los ciudadanos de las embajadas que tengan intención de cerrar serían los grandes afectados y no el gobierno de Venezuela”.
“El gobierno estaría muy feliz de que quienes no lo han aplaudido en su desatino, aprovechen y se vayan”, José Gregorio Correa, diputado al Parlasur
El dato
El diputado José Gregorio Correa considera que de mantenerse el mismo sistema económico en Venezuela, la inflación continuará por encima de 1.000.000%. Por ese motivo la Unión Europea, el Parlamento Suramericano, el Parlamento Latinoamericano, la Comunidad Andina de Naciones, el Grupo de Lima, el Parlamento Africano, el Parlamento Asiático, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y la Agencia de la ONU para los Refugiados han ejercido los mecanismos de presión suficientes para hacer entender al gobierno la necesidad de un cambio.