Los procesos administrativos en contra de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se oponen a las órdenes de reprimir o cuestionan al gobierno han aumentado en los últimos días, denunció el diputado y coronel retirado Teodoro Campos (MUD). Afirmó que “(se) tiene conocimiento de apertura de consejos disciplinarios, que se inician muy rápido y por lotes, se colocan a los oficiales a las órdenes del comando y los envían sin cargo a sus casas”.
Añadió que un curso de infantería de marina es investigado luego de que en un grupo de Whatsapp se emitieran expresiones de apoyo a las acciones emprendidas por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, cuando denunció la ruptura del hilo constitucional: “Persisten los arrestos masivos con violación del debido proceso. Los jueces militares también están presionados; si no son cambiados”.
Campos indicó que por lo cerrados que son los procesos penales en la justicia castrense es difícil hacer seguimiento a los 186 militares detenidos por desobedecer órdenes. Dijo que incluso es complicado acceder a los defensores públicos. Aseguró que “los oficiales que sean expulsados de la FANB por negarse a cumplir órdenes contrarias a la Constitución tendrán garantías de que en el futuro sean reinsertados”.
El general retirado de la GNB y abogado Enrique Prieto Silva señaló que no se puede usar la expresión rebelarse al enviar mensajes a la FANB “por cuanto la rebelión es un delito tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código Orgánico de Justicia Militar”. Indicó que lo correcto es exhortar al sector castrense a cumplir la Constitución y las leyes, comenzando por el general en jefe, Vladimir Padrino López; el mayor general Néstor Reverol Torres y el mayor general Antonio Benavides Torres.
Piden eliminar la constituyente. Más de 200 oficiales retirados que integran el Frente Institucional Militar exigen eliminar la asamblea constituyente. Tildan el proceso de fraudulento, piden la liberación de los estudiantes y otros presos políticos, el enjuiciamiento de las bandas paramilitares, denominadas colectivos, por los delitos cometidos y la inmediata confiscación de las armas que públicamente exhiben, la designación de verdaderos magistrados del TSJ e imparciales rectores del CNE y la realización del referéndum revocatorio para luego hacer elecciones generales.
Denuncian “la actuación delincuencial, criminal y violatoria de las leyes ejecutada por integrantes de la GNB, la PNB, los funcionarios del Sebin y las bandas paramilitares asociadas a ellos, en sus acciones de control del orden público”.