Los alcaldes rechazaron ayer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que los obliga a impedir protestas en sus jurisdicciones. Afirmaron que garantizarán el derecho a la manifestación pacífica porque así lo establece la Constitución.
“No reprimiremos ni atacaremos a nuestros ciudadanos”, dijo Carlos García, alcalde del municipio Libertador, del estado Mérida. En ese sentido, Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, añadió: “Mientras nosotros seamos alcaldes de nuestros municipios, vamos a proteger y a defender el derecho a la protesta pacífica y a la manifestación política. Y en nuestros municipios vamos a tutelar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos en el territorio de nuestros municipios”.
Gerardo Blyde, de Baruta, criticó que se acuse a los mandatarios locales de impedir el libre tránsito y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de obstaculizar las vías de acceso cuando los venezolanos desean llegar a algún lugar.
El dirigente puso como ejemplo el desmontaje de los puentes que comunican a Bello Monte y Las Mercedes con la autopista Francisco Fajardo: “¿Quién pone una pared en el límite entre el municipio Chacao y Libertador para que los ciudadanos no pasen, quién ordena el cierre del Metro, suspende el servicio de metrobuses? El gobierno”.
Josy Fernández, alcalde de Los Salias, denunció la presencia de infiltrados en las manifestaciones: “Por qué el gobierno no dijo que 80% de los detenidos no eran de nuestro municipio. Pero, peor aún, ¿por qué no hay funcionarios cuando ocurren los saqueos?”.
El mandatario local de El Hatillo, David Smolansky, recordó que desde2014 el gobierno emplea una política de Estado de querer acabar con los gobiernos municipales a través de la amenaza y la persecución. Indicó que solo el pueblo venezolano tiene el poder para sancionarlos. “Si ustedes piensan, magistrados corruptos de la Sala Constitucional, que van a intimidar a estos alcaldes, se equivocan, seguiremos en las calles”.
Barricadas
Los dirigentes opositores señalaron que se debe evitar la improvisación cuando la protesta implica el cierre de vías. “Las trancas generan zozobra. Por eso, la protesta tiene que ser con conducción política y sin dibujo libre. La improvisación nos aleja de nuestros objetivos, mientras que la protesta inteligente nos llevará a alcanzar la meta del cambio de gobierno”, expresó Muchacho. Smolansky agregó: “Impedir el paso es impedir que se llegue a la manifestación”.
Los abogados de los alcaldes trabajan en la defensa aunque aún no está definido si será conjunta o individual. Blyde dijo que están analizando los parámetros del dictamen del TSJ. No obstante, señaló: “No vale defensa si la orden política de detenernos es dada”.
Apoyo de concejales
En la rueda de prensa la Asociación de Concejales de Venezuela emitió un comunicado en respaldo a los alcaldes del estado Miranda: Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, y del estado Mérida: Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías, y rechazó la sentencia que los obliga a impedir manifestaciones.
“Demandamos que se respete la autonomía municipal en lo relativo a sus competencias, en especial las que conciernen al orden público, que debemos recordar les fue arrebatada por el gobierno a los alcaldes y entregada a la Policía Nacional Bolivariana”, refieren los ediles.
Afirmaron que la sentencia del TSJ pasa por alto que el gobierno ha asumido las competencias de algunas policías locales como ocurrió con Polichacao.
También señalaron que la Sala Constitucional dejó nuevamente en evidencia el sesgo político al que está sometido ese poder público al ensañarse contra los mandatarios locales opositores y obviar la actuación inconstitucional del Ministerio de Interior y Justicia, así como del Ministerio de la Defensa por actuar de manera violenta y represiva, además de custodiar a civiles armados que disparan y siembran terror.
“¿Por qué razón no detienen a los grupos civiles armados, quienes usan armamento a pesar de la suspensión del porte de armas?”, refutaron los concejales.
Fustigaron que la sentencia no aplicara para los alcaldes de Libertador y Guaicaipuro, Jorge Rodríguez y Francisco Garcés, respectivamente, debido a que en sus jurisdicciones también hay alteraciones del orden público, y ellos no actúan en defensa de los ciudadanos.
Los alcaldes corren el riesgo de ser puestos en prisión por un periodo de 6 a 15 meses si no cumplen el dictamen del tribunal debido a que violan el artículo 31 de la Ley de Amparo.