Analistas advierten que las sanciones que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europa han impuesto a funcionarios venezolanos evidencian un aislamiento cada vez mayor del gobierno de Nicolás Maduro; sin embargo, aclaran que el Ejecutivo insistirá en escudarse detrás de ellas para evadir su responsabilidad en la crisis que vive el país, y las autoridades buscarán su permanencia en el poder a toda costa, cometiendo más arbitrariedades y violando los derechos humanos.

“El gobierno se aleja de la modernidad y de los cánones de la comunidad internacional en el ámbito del respeto a los derechos humanos, la democracia y las libertades. De allí que pasa entonces a generar menor confianza”, señaló el internacionalista Luis Daniel Álvarez.

Explicó que en medio de una situación catastrófica, el Ejecutivo usará como excusa las sanciones para no asumir que la crisis del país es producto de una mala administración y un mal manejo de los recursos.

Álvarez afirmó que para Venezuela “no es suficiente el respaldo de Haití, Dominica, Nicaragua, Bolivia y los países africanos. El caso de los chinos y de los rusos lo pondría, incluso, en entredicho porque son países que juegan con intereses, y no responden si no observan que hay una capacidad real de Venezuela de poder retribuir a lo que le van a prestar; además, si se lograra este apoyo, el gobierno no tiene capacidad de manejarlos con eficiencia”.

El politólogo y abogado Oscar Vallés, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, indicó que de ninguna manera las sanciones afectan directamente a los ciudadanos, pero sí la credibilidad y la confianza en las instituciones, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, cuyas rectoras han sido sancionadas.

“Es falso que afecte al ciudadano común el hecho de que Sandra Oblitas haya sido sancionada, pero sí afectan el futuro del sufragio en Venezuela porque con los señalamientos se debilita la fe en el voto y la confianza en un organismo como el CNE”, expresó.

Vallés indicó que uno de los propósitos de las sanciones personales es el de cohibir a los demás funcionarios de que cometan violaciones a los derechos humanos; sin embargo, considera que eso no ha sido efectivo. “El año pasado vimos que se cometieron atrocidades en materia de derechos humanos y la lista va en aumento”, advirtió.


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